Abonados a la corrupción

Agencias-SPC
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Más de una veintena de presidentes de América Latina han tenido problemas con la Justicia por irregularidades durante sus mandatos

Abonados a la corrupción

La corrupción no entiende de fronteras. Y eso queda patente en América Latina, donde la mayoría de sus países tienen en común el hecho de contar con exmandatarios que han sido condenados o que han ido a la cárcel por diferentes delitos.

Perú es, de largo, el país con un mayor número de expresidentes juzgados y sentenciados. El último, Pedro Castillo, a quien un juez ha ordenado mantener en prisión preventiva durante 36 meses por su fallido autogolpe de Estado el pasado diciembre mientras es investigado por un caso de corrupción que podría alargar su estancia en la cárcel. Pero no es el único: en total son seis exdirigentes los que han acabado entre rejas. 

Alberto Fujimori fue encarcelado por cometer crímenes contra la humanidad durante su Gobierno (1990-2000), además de por llevar a cabo numerosas irregularidades financieras. 

La investigación por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a varios presidentes latinoamericanos llevó a la detención de dos exmandatarios peruanos. Ollanta Humala y su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski. Alejandro Toledo, a la espera de ser extraditado desde Estados Unidos, también está acusado de recibir sobornos de esa empresa, como Alan García, se quitó la vida en 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de esa trama. 

Centroamérica es la región con más condenados, con nueve presidentes que se han sentado en el banquillo y han tenido un veredicto en su contra.

Alfonso Portillo, encarcelado en Estados Unidos, Álvaro Colom, detenido y encerrado en 2018 por fraude y malversación, y Otto Pérez Molina, condenado a 16 años de prisión en 2022 por asociación ilícita y fraude aduanero, son los casos en Guatemala.

En El Salvador pasaron de la Presidencia a los tribunales Francisco Flores, primero en prisión y después en arresto domiciliario por enriquecimiento ilícito, y Antonio Saca, en la cárcel por malversación. 

Manuel Antonio Noriega, militar y hombre fuerte de Panamá en los 80, murió entre rejas en 2017 cuando cumplía condena por corrupción. Y Ricardo Martinelli estuvo encarcelado en 2017 por el caso Odebrecht y espera más juicios. 

La lista la completan Juan Orlando Hernández (Honduras), que se enfrenta a cargos de sobornos de narcotraficantes para fraude electoral, y Arnaldo Alemán (Nicaragua), condenado en 2003 a 20 años de prisión por lavado de dinero.

Más al sur, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez ingresó en prisión en 1994 por malversación genérica y en Colombia Álvaro Uribe está pendiente de un juicio por fraude procesal y soborno de testigos.

Ecuador ha visto a dos expresidentes condenados. Abdalá Bucaram fue procesado por corrupción, difamación y estafa al Estado, mientras que Rafael Correa permanece en Bélgica para evitar la pena de ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos.

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a dos penas de nueve y 12 años por corrupción en sus anteriores mandatos y absuelto en 2021 tras pasar dos años en la cárcel. Y se espera que su predecesor, Jair Bolsonaro, también tenga que medirse a la Justicia por diferentes irregularidades durante su legislatura.

Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia en 2019, fue detenida en marzo de 2021 acusada de sedición y terrorismo en relación a los incidentes que en noviembre de 2019 terminaron con la salida de Evo Morales y está en prisión.

Finalmente, en Argentina el expresidente Carlos Ménem fue procesado y condenado en 2003 a siete años por contrabando de armas a Ecuador, Bosnia y Croacia. En 2015, recibió otra pena de cuatro años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos, además de ser inhabilitado perpetuamente para ejercer cargos públicos. Por su lado, Cristina Fernández fue condenada el pasado diciembre a seis años de prisión y también inhabilitada a perpetuidad por las irregularidades en la concesión de obras viales durante sus Gobiernos. Actualmente es vicepresidenta, por lo que es inmune. Pero a finales de este año perderá su cargo y, por tanto, podría acabar en la cárcel.