Los concejales del PSOE de Las Ventas con Peña Aguilera han interpuesto una denuncia contra el alcalde del PP de la localidad, Luis Celestino de la Vega, y el concejal de Urbanismo, Obras, Infraestructuras y Personal, Casto Romero, por un presunto delito de prevaricación en los servicios mortuorios del cementerio municipal, al entender que benefician a un empleado municipal para realizar actuaciones de albañilería y limpieza que cobra al margen de las tasas municipales establecidas en la localidad.
Según una nota de prensa del PSOE venteño, en el Ayuntamiento se seleccionaría a un funcionario público para que realizase dichos trabajos y recibiría ingresos indebidos por hacerlo, que le abonarían los usuarios que necesitan servicios mortuorios de carácter público. Una práctica que no cumple la legalidad en base a los documentos que rigen las competencias de la propia institución.
Según las Bases de Régimen Local y el Reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria, los derechos funerarios de Las Ventas con Peña Aguilera se conceden por parte de su Ayuntamiento. El propio consistorio tiene en vigor una ordenanza fiscal y un reglamento, disponibles en su página web, que regula la tasa por la prestación de diferentes servicios del cementerio municipal, no pudiendo contratar empresas externas para este tipo de trabajos.
Los concejales socialistas preguntaron al Ayuntamiento sobre la gestión del cementerio municipal, a lo que afirmaron que el propio consistorio lo administra directamente, con sus propios operarios y medios.No obstante, pese a que deben cubrir todos los servicios mortuorios, al considerarse esenciales para la población, se limitan al acto de dar sepultura, sin precisar otras actuaciones como trabajos de albañilería o limpieza, detalla el PSOE en un comunicado.
Estos servicios los prestaría, presuntamente, un empleado municipal que estaría designado por el alcalde y el concejal de Urbanismo, Obras, Infraestructuras y Personal. Para el PSOE de Las Ventas con Peña Aguilera también es criticable que se cobre el importe económico directamente a los familiares de los fallecidos.
El precio de los servicios lo decidiría el propio particular, al margen de las tasas municipales. Esta conducta generaría un doble perjuicio: para la familia de las personas fallecidas, que se ven obligados a contratar a un particular designado por el Ayuntamiento, sin contar con otra opción; y para las arcas municipales de la propia localidad, que, pese a contar con una gestión directa del servicio mortuorio, no recibe los cobros que debería por ser de su competencia: 17.000 euros aproximadamente al año, según los cálculos del PSOE.
Esta supuesta falta de coherencia haría que el Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera recaude el servicio de dar sepultura, mientras que otra persona la cantidad que le pareciera por el resto de trabajos. Una práctica que desde el PSOE de la localidad se entiende como un presunto delito de prevaricación administrativa y por el que se ha decidido denunciar a los dos máximos responsables.