Las tensiones entre las fuerzas políticas a veces van más allá del debate parlamentario, algo llevado al extremo especialmente en la vigente legislatura, con los partidos inmersos desde hace meses en un choque de transfondo electoral. Esta situación ha terminado por condicionar leyes urgentes, que permanecen congeladas en la Cámara Baja a falta de seis meses para la disolución de las Cortes. Un total de 25 normas, procedentes de decretos leyes aprobados por el Gobierno y que, tras ser convalidados, los grupos forzaron que se tramitaran como proyectos de ley para poder introducir cambios. Cinco llevan hibernando desde 2020, una decena desde 2021 y otras tantas desde 2022.
Todas ellas permanecen en el cajón de las iniciativas paralizadas porque la Mesa de la Cámara Baja, donde el PSOE y Unidas Podemos suman mayoría frente a PP y Vox, no pone fin a los plazos para la presentación de enmiendas.
Gran parte de decretos leyes reconvertidos en proyectos de ley que están pendientes contienen medidas urgentes de apoyo a distintos sectores puestas en marcha con motivo de la pandemia, incluido el llamado escudo social y sus prórrogas. En este caso están en vigor porque fueron convalidadas en su momento, pero está por ver si, finalmente, los grupos podrán modificar su contenido.
El más longevo acumula ya 34 meses de olvido. Se trata de un proyecto de ley de julio de 2020 con medidas para hacer frente al impacto del Covid en el sector del transporte y la hostelería.
Dos años y medio de parón suman ya otros cuatro decretos transformados en proyectos de ley destinados a apoyar al turismo y el comercio, a hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia de vivienda y transportes, a modernizar la Administración Pública o a activar instrumentos de adaptación al Brexit.
Los decretos varados desde 2021 versan sobre medidas sociales en defensa del empleo, reducción de la brecha de género, apoyo a empresas y autónomos por el coronavirus, otras medidas sociales por la pandemia, la trasposición de directivas europeas sobre diversos temas, la reforma del impuesto de plusvalías, el fomento de la movilidad eléctrica y el autoconsumo y hasta una de las ampliaciones del estado de alarma.
En vigor desde 2022, pero a falta de ser modificados en el Congreso, hay otros 10 decretos esperando. Año y medio lleva también ampliándose el plazo para registrar enmiendas para modificar asuntos relativos a los servicios de inversión y gestión de activos de la reestructuración bancaria.Especialmente sangrante era el que contenía medidas urgentes de apoyo al sector agrario por la sequía, que sumaba 14 meses durmiendo el sueño de los justos hasta que se aprobó la semana pasada.
También sigue en un cajón el de medidas urgentes para paliar las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania, algunas de las cuales se han ido prorrogando en decretos posteriores que, a su vez, están en la misma situación de stand by. En este paquete figura un decreto con medidas especiales para La Palma tras la erupción del Volcán de Cumbre Vieja, un fenómeno que se produjo entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021, y por el que los habitantes de la zona aún están esperando indemnizaciones y en muchos casos hasta viviendas.
Autónomos
También hay normas paralizadas, como una que fija la nueva cotización para autónomos, otra relativa a la mejora de condiciones de las trabajadoras al servicio del hogar y otra que engloba medidas para consumidores de gas natural, retribuciones de empleados públicos.
Los decretos leyes convertidos este año en proyectos de ley que aún no han arrancado su tramitación efectiva en la Cámara Baja versan sobre incentivos a la contratación y mejora de la protección social de los artistas y la reforma de las pensiones.
A estas 25 leyes urgentes que están hibernando en la Cámara hay que sumar otra que también se tramita por el procedimiento abreviado, pero que no tiene origen en un decreto-ley. Se trata del proyecto de Ley del Cine y la cultura audiovisual que el Pleno aceptó discutir el pasado mes de enero.
Además, hay otras cuatro normas a las que no se ha considerado urgentes y que tampoco acaban de arrancar su tramitación. La más antigua es el proyecto de ley de Seguridad Nacional, que acumula ampliaciones para presentar enmiendas parciales desde hace 15 meses.
Un año cumple ahora en esa situación el proyecto por el que se trasponen directivas europeas de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago. El mes que viene lo hará el que persigue consolidar la equidad y universalidad en el Sistema Nacional de Salud y ocho meses hibernando lleva la ley para la eficiencia digital del servicio público de la Justicia.