Una de cal y otra de arena. La gran noticia de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzaba un alto el fuego de seis meses el pasado 3 de agosto que, según muchos expertos, puede acabar con la disolución del grupo, quedó eclipsada apenas unas horas después, tras la declaración de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro -gran impulsor de esa tregua- en la que reconocía que la campaña que llevó a su padre a la Jefatura del Estado fue financiada de manera irregular.
Recién cumplido el primer aniversario de su llegada a la Presidencia, el pasado lunes, los continuos contratiempos a los que se ha enfrentado el mandatario han quedado en agua de borrajas con esa revelación, que podría costarle el cargo.
No en vano, y por más que tanto su hijo como la exmujer de este, Daysuris Vásquez -quien sacó a relucir las irregularidades en un claro caso de celos hacia su exmarido- insistan por activa y por pasiva que el dirigente no era conocedor de esta práctica ilegal, solo el hecho de que su campaña pueda haberse financiado de forma fraudulenta puede acarrearle consecuencias judiciales y políticas.
Elegido con la promesa de un cambio, incluso de las costumbres del país, donde la corrupción en la esfera pública es una constante, este caso es, sin duda, una mancha para un Gobierno que se jacta que en este primer año ha conseguido grandes logros hacia una paz total, una mejora económica y social en el país y un avance en materia de medio ambiente.
Sin embargo, en estos 12 meses ha sufrido importantes reveses. Su plan de formar un Ejecutivo de acuerdo nacional, con ministros llegados de diferentes corrientes de centro y de izquierda, 12 han dimitido ya e importantes dirigentes como Alejandro Gaviria o José Antonio Ocampo le han declarado la guerra y no dudarían en tumbar su mandato.
Ahora, con una Fiscalía politizada y claramente de tendencia derechista, Petro se enfrenta a una importante investigación por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un organismo que, según los expertos, «se ha caracterizado por ser altamente negligente e ineficiente en el pasado».
El mayor riesgo para el presidente parece estar en el campo político, porque el escándalo ha estallado a tres meses de las municipales de octubre, a las que su partido llega notablemente desgastado. Y en medio de esa vorágine puede llegar una decisión inédita: que el Congreso determine que sí hubo participación de Petro en esa financiación ilegal y pueda iniciar un juicio político que, ante la pérdida de respaldos y la importancia de sus actuales enemigos, puede acabar costándole el cargo antes de tiempo.