El Gobierno valenciano y la Diputación de Alicante se han 'levantado' en armas tras conocer que el Tribunal Supremo ha echado por tierra sus recursos contra el Real Decreto del Gobierno central que aplicaba, por primera vez, caudales ecológicos en el río Tajo, lo que implica un recorte en la cantidad de agua que, a través del trasvase, se envía periódicamente al Levante.

 Por lo pronto, el nuevo Gobierno valenciano estudiará «de inmediato» los mecanismos para revertir la situación «anómala» -la jurídica y la política- heredada del anterior gobierno de Ximo Puig sobre el acueducto Tajo-Segura y apostará por la «unidad de acción» con las administraciones afectadas, regantes y agricultores.

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, lamentó que a los «22 recortes injustificados que veníamos padeciendo en materia de agua se suman dos nuevos varapalos en las últimas 24 horas, que no solo van contra los criterios políticos del actual Consell sino también contra criterios técnicos», refiriéndose a la decisión del Supremo y a la aprobación 'recortada' de un nuevo trasvase alSeguro para julio.

De su lado, la Diputación de Alicante reunirá el próximo martes, con carácter extraordinario y urgente, a la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua con el objetivo de analizar el rechazo del Tribunal Supremo a la suspensión cautelar solicitada por la institución provincial y estudiar posibles acciones contra esta decisión judicial.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), avanzó que los servicios jurídicos trabajan ya para plantear un posible recurso de reposición contra este auto dictado por el Alto Tribunal.