La proporción de funcionarios sobre el total de trabajadores activos en la provincia de Toledo ha crecido dos puntos desde 2013. En el último mes del que se tienen registros completos, el total de empleados públicos alcanzó la cifra de 43.146 afiliados, un 17,2% sobre los 251.135 empleados dados de alta en la Seguridad Social. La función pública, por tanto, se ha erigido en otro de los motores de la creación de empleo en los últimos años. Después del ajuste posterior a la crisis económica de 2008, unos recortes que se prolongaron durante los ejercicios siguientes, la recuperación del gasto en estas partidas también ha contribuido a la dinamización del mercado laboral.
Respecto a octubre de 2013, el primer mes del que la base de datos ofrece información desagregada sobre el funcionariado, hay casi 13.000 trabajadores públicos más. Estas cifras incluyen a los trabajadores de las administraciones estatal, autonómica y local; es decir, incorporan a los agentes policiales, el personal sanitario, los profesores de instituto o los secretarios municipales entre otras muchas categorías laborales. La estadística en aquel lejano periodo, casi una década atrás, contabilizaba 30.274 trabajadores públicos sobre un total de 199.001 cotizantes, un 15,2% respecto al grueso de afiliados.
El repunte en el empleo público se ha consolidado en los años más recientes, especialmente a partir de 2018. El buen momento que entonces atravesaba la economía favoreció la expansión de una oferta que se mantuvo durante la pandemia de coronavirus. Las contrataciones vinculadas al conocido como escudo social, la fórmula semántica empleada por el Gobierno central para explicar el esfuerzo colectivo en favor de nuevos sanitarios o más profesores, permitieron mantener las actividades esenciales y reforzar aquellas áreas más necesitadas de personal.
Porcentaje de empleados públicos respecto al total de la población ocupada en la provincia de Toledo.En cualquier caso, el aumento en el número de funcionarios no palia todos los problemas de la Administración. En los últimos meses, se han sucedido las quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento de la Seguridad Social, un servicio con el que resulta muy difícil concertar una cita presencial. También han surgido peticiones de mejor remuneración dentro del ámbito de la Justicia, donde se suceden las huelgas. Los sindicatos, por su parte, reclaman un aumento de las plantillas en casi todos los sectores, especialmente en aquellos relacionados con el estado del bienestar. Se debate si ahondar o acotar el desarrollo del teletrabajo y otras fórmulas telemáticas, una obligación durante los periodos de restricciones cuyo futuro aún se desconoce.
En el caso de la provincia, los 43.146 funcionarios se reparten entre los 26.870 adscritos a la Junta de Comunidades (62,3%), los 12.923 que trabajan para la Diputación provincial y las diferentes entidades municipales (30%) y los 3.353 enrolados en la Administración central (7,7%). Según su distribución por sexos, existe una clara prevalencia femenina: hay 15.681 toledanos funcionarios (36,3%) y 27.465 toledanas (63,7%) trabajando en el sector público.
La función pública emplea en España a algo más de 2,9 millones de personas, lo que supone un 14,2% sobre el total de trabajadores activos, un porcentaje algo más bajo que el de la provincia de Toledo.