José María Fernández, portavoz del Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de Toledo y candidato a la Alcaldía, advierte a la concejal de Servicios Sociales el «temor» por los comentarios sobre el despido de parte de la plantilla del servicio de Ayuda a Domicilio o, en su caso, la reducción de la jornada y del salario de estos trabajadores.

Fernández recuerda que este servicio está privatizado (el último contrato es de 2023, dice) y considera que se sabían las condiciones económicas pero «con la excusa de la subida del precio de la hora» la empresa «amenaza» con que reduce horas de trabajo, o la plantilla, para «mantener el beneficio industrial». Por lo visto si la Junta de Comunidades (titular de la competencia) no pone más dinero lo tiene que poner el Ayuntamiento y el concejal recuerda que la semana pasada «se ha rescatado» el servicio de guarderías  con dinero público por lo que pide «que se rescate» el servicio de Ayuda a Domicilio para garantizar la prestación por las mismas trabajadoras «de forma digna».

Opina que no sería justo que paguen las trabajadoras con la perdida de salario y asegura que esto es «consecuencia real y palpable cuando se privatiza y no se gestiona de forma directa, como cientos municipios lo hacen» y como IU lo pide para Toledo capital.

Por su parte ha pedido información sobre numero de trabajadoras, usuarios, horas de prestación y lista de espera.

 Sentencia. Aparte, en el ámbito de las relaciones laborales, dice que le «entristece» la sentencia contra el Ayuntamiento por «incumplir la actividad preventiva» tras la denuncia de un trabajador en situación de vulnerabilidad que pide ayuda con informes de riesgo sico-social certificado por una empresa externa y el servicio de prevención municipal que había recomendando cambiarle de lugar porque sería importante en su puesto por los conocimientos. Sin embargo «el Ayuntamiento no hizo nada» y cuando cogió la baja de paternidad le quitaron el ordenador.

IU pide que se acometa el trabajo de cultura preventiva en la plantilla. Porque no se cree que no haya riesgos sico-sociales y cuando dicen que los trabajadores no responden los cuestionarios lo achaca a que la empresa no tiene cultura preventiva y se acaba en bajas por ansiedad y sentencias.