«Las diferencias sobre la mesa hacían imposible la adopción de conclusiones sobre energía y volveremos sobre el tema en un próximo Consejo», declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al finalizar su última reunión del año,  el pasado 16 de diciembre. Los jefes de Gobierno se pusieron de acuerdo en cómo hacer frente a la amenaza rusa en Ucrania, pero no en la posible adopción de limitaciones a la circulación de personas para controlar la expansión de la pandemia ni sobre las medidas para enfrentar la crisis energética.
Esta falta de acuerdo de los jefes de Gobierno de la Unión Europea sobre asuntos que afectan tan gravemente a los ciudadanos y a las empresas nos sitúa frente a unas características singulares en la gobernanza de la Unión como son la distribución del poder decisorio y el régimen de mayorías para adoptar decisiones, lo que frecuentemente se aprovechan para defender intereses singulares y no los comunes de los europeos.
En la actual arquitectura institucional es el Consejo quien,  partiendo de las propuestas de la Comisión, adopta el Derecho de la Unión a través de reglamentos y directivas, bien en codecisión con el Parlamento Europeo o bien mediante un procedimiento legislativo especial con solo previa consulta al Parlamento. Además, el Consejo adopta sus decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad dependiendo del ámbito competencial.
La unanimidad es una exigencia propia de una Unión constituida por un reducido número de Estados que compartían una convicción sincera en unos valores y principios, con una integración incipiente y que actuaba en un mundo que no afrontaba los desafíos de hoy. Pandemia, globalización, cambio climático, digitalización, defensa del Estado de Derecho…nos sitúan en un escenario en el que los intereses nacionales y los comunes están entrelazados, al igual que están entremezcladas todo tipo de cuestiones. La fiscalidad afecta directamente a las políticas europeas respecto de esos desafíos: por citar un ejemplo,  la propuesta para revisar la Directiva sobre fiscalidad de la energía pretendía apoyar iniciativas del paquete de medidas de la Unión orientadas la consecución de sus objetivos climáticos.
Pues bien, los Tratados europeos mantienen, desde 1958, la regla de que, ante propuestas de carácter fiscal, el Consejo ha de acordarlas unánimemente. Además, la materia tributaria constituye un ámbito en el que se sigue un procedimiento legislativo especial. El Consejo adopta las medidas sobre fiscalidad a propuesta de la Comisión mientras el Parlamento ejerce una función consultiva. Pues bien, la regla del acuerdo unánime no es eficaz hoy para la toma de decisiones pues propicia que estas sean de mínimos, así como dificulta la posibilidad de modificar una medida acordada en cuanto que lo aprobado por unanimidad solo podrá ser revisado del mismo modo. Asimismo, la exigencia de unanimidad permite a cualquier Estado defender lo que considera sus intereses nacionales relegando el interés europeo, incluso aprovechando el debate sobre una medida fiscal como mecanismo de presión respecto de una cuestión ajena a la fiscalidad. Por otra parte, el limitado papel del Parlamento en esta materia constituye un importante déficit democrático que ha impedido avanzar más intensamente por ejemplo en la lucha contra el fraude fiscal. Hace tres años la Comisión propuso al Consejo eliminar progresivamente el mecanismo de veto en los asuntos fiscales considerando la regla de la unanimidad "políticamente anacrónica, jurídicamente problemática y económicamente contraproducente".  En la reunión del ECOFIN (ministros de Economía y Hacienda) de 12 de febrero de 2019 solo apoyaron la propuesta de la Comisión los ministros de Francia y Alemania. Hoy el entonces ministro Scholz es el jefe del Gobierno alemán.