El PP va a presentar en todos los ayuntamientos de la provincia de Toledo mociones para pedir la bajada del precio de la luz ante la «descomunal subida de la tarifa eléctrica» aprobada por el Gobierno central. Así lo avanzó este lunes en rueda de prensa el presidente provincial del PP y senador, José Julián Gregorio, quien informó de esta campaña que se hará a nivel estatal «ante la descomunal subida de la tarifa eléctrica».
Gregorio criticó el «silencio muy significativo de los dirigentes socialistas» de la región y en Talavera, ante el que desde el PP han decidido «presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia de Toledo». Como explicó, la pretensión es «defender a los ciudadanos, que se verán lastrados con este nuevo impuestazo» así como «ayudar a las pymes puesto que los horarios de mayor subida tarifaria se corresponden cuando están abiertos sus negocios».
El presidente provincial de los ‘populares’ subrayó que España es el cuarto país de la Unión Europea en el que sus residentes pagan más por la electricidad, con una factura promedio anual de más de 1.270 euros, que representa el 8,5% del salario anual de una persona.
Añadió que, según datos de Eurostat, al cierre de 2019 el precio del kilovatio hora en España era «el quinto más alto de la Unión Europea», y entre mayo de 2020 y mayo de 2021 la factura de la luz se ha incrementado en un 4%, y en España, menos de un 40% de la factura de la luz, depende del precio de la electricidad y del mercado. «El resto, se debe a los costes derivados de la gestión política», dijo.
En relación a los impuestos, Gregorio reprochó que España «se sitúa entre los 10 primeros países de la Unión que mayor IVA aplica a este producto», en concreto un 21%, pese a ser «esencial» y además «en un contexto de una gravísima crisis económica y social».
Por ello, culpó al Gobierno central de que el sistema eléctrico haya venido «sumando desde principios del 2021 un encarecimiento constante de los precios, alcanzando niveles por encima de los 120 euros kilowatios hora», lo que supone un 78% más respecto al mismo período del año anterior.
Gregorio criticó además que la vicepresidenta de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, haya dicho que esta situación «es una cuestión de eurillos», cuando es algo que afecta a todos los consumidores y su impacto «dependerá de si estamos en el mercado regulado o el libre».
Apuntó que según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la factura se incrementará para casi 11 millones de consumidores que ya tenían contratada una tarifa con discriminación y, por tanto, tenían un precio más barato. Según la OCU, «ahora pagarán unos 34 euros más al año», aunque según otras estimaciones el incremento puede llegar «a los 46 euros al año», en función además de la potencia contratada.