La comisión de Hacienda aprobó ayer la propuesta del Gobierno del Ayuntamiento de Toledo para la modificación de tres ordenanzas fiscales (entre ellas suspender el cobro de la tasa de terrazas de hostelería desde septiembre hasta fin de año) y rechazó todas las enmiendas de la oposición (solo se aceptó una corrección de texto erróneo de la que advirtió IU). Además, los concejales dejaron sin aprobar el acta de la anterior reunión porque el PP exige que se incluya la declaración literal de Ramón Lorente afirmando que conoce al menos un caso de corrupción muy concreto pero resulta que el secretario no sabe si pude modificar un acta que no ha hecho él (hubo otro secretario ese mes) ni está seguro de que se pueda corregir la intervención de «un tercero» (Lorente) por iniciativa de otro miembro de la Comisión (PP, que aporta una grabación).
Sobre la modificación de las ordenanzas no hay nada reseñable, si acaso que gracias a Esteban Paños, de Ciudadanos, la concejal de Hacienda, Mar Álvarez, confirmó que en breve abrirá el proceso para modernizar el conjunto de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Toledo para lo que anima a que la oposición prepare y presente propuestas.
El resto del debate (demasiado largo para acabar rechazando todo) fue más técnico que político, hasta el punto que muchas enmiendas fueron retiradas por sus autores a medida que los funcionarios les explicaban que no caben en la norma.
Los sustancial es que se aprueba modificar el texto de la ordenanza fiscal número 21, reguladora de la tasa por aprovechamientos especiales y utilización privativa del dominio publico local, de manera que se suspende temporalmente durante el último cuatrimestre del año 2021 la aplicación de las tarifas correspondientes a elementos y objetos para propaganda o venta de carácter mercantil o industrial; mesas y sillas con finalidad lucrativa, marquesinas, terrazas o similares de cafés, bares, restaurantes o análogos; puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones o ejercicio de actividades comerciales, industriales o profesionales, exclusivamente en lo que se refiere a puestos en mercadillos públicos.
Izquierda Unida Podemos votó en contra porque considera que no debe aplicarse una «tarifa plana» para todos los negocios igual sino que hay que darle un carácter progresivo, que pague menos al que le vaya peor y más al que le vaya bien, y aboga por que los empresarios aporten las cuentas de resultados anuales (declaración de actividad) para comparar hasta qué punto están sufriendo la crisis, o no.
Por su parte el PP intentó eliminar la tasa pero los técnicos les convencieron de que sería un esfuerzo inútil ya que el hecho imponible de la tasa viene regulado por ley y si lo que se persigue es que no se pague basta con la suspensión transitoria para que vuelva a tener eficacia de cara a siguientes ejercicios. «Si se suprime el hecho imponible tendría efectos a futuro y sería necesario su nueva inclusión mediante un nuevo procedimiento de modificación de la ordenanza fiscal».