El Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo ha dado la razón a Comisiones Obreras (CCOO) y ha condenado al Ayuntamiento de Quintanar de la Orden a abonar deudas salariales por más de 250.000 euros a 65 trabajadores y trabajadoras del Plan de Empleo 2018/19. El Consistorio tendrá que pagarles también un 10% de intereses de mora; además de saldar con la Seguridad Social las liquidaciones por infracotizaciones ya reclamadas por la Inspección de Trabajo.

En sendas sentencias emitidas en los últimos días, el juzgado atiende las demandas interpuestas por CCOO en nombre de 60 personas, una de ellas, y de otras cinco, la otra, para reclamar las diferencias de cantidad entre los salarios que les abonó en su día el ayuntamiento quintanareño -el SMI- y los que les debió abonar: los establecidos en el convenio colectivo del personal laboral municipal para las categorías profesionales cuyas funciones y tareas se les encomendó realizar a las/os trabajadores/as del Plan de Empleo.

Estas dos nuevas sentencias se suman a las que ya han venido dictando en meses anteriores los juzgados de lo Social atendiendo a las demandas de trabajadoras y trabajadores afectados por lo que Comisiones Obrera califica como «actuación fraudulenta» del anterior equipo de Gobierno de Quintanar, encabezado por el 'popular' Carlos Madero en coalición con Ciudadanos.

Todas las resoluciones judiciales subrayan que aquel Gobierno municipal contrató a los demandantes desde julio de 2018 a mayo de 2019 aprovechando los Planes Extraordinarios de Empleo subvencionados por la Junta de Comunidades y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, pero incumpliendo la Orden que los regulaba.

Así, el Ayuntamiento de Quintanar asignó tres tipos de funciones a los trabajadores del Plan de Empleo: peón de la construcción, peón de limpieza de parques y jardines o personal administrativo. Pero a todas y todos les pagó el Salario Mínimo Interprofesional en vez de los sueldos y complementos establecidos para cada una de estas categorías en el convenio colectivo de aplicación.

Una vez revisadas las cantidades dejadas de percibir por cada demandante, el Ayuntamiento de Quintanar tendrá que abonar a cada una de estas estas personas entre 2.300 y 5.300 euros, de acuerdo con las tareas que tuvieron encomendadas y su correspondencia con las funciones propias de los trabajadores municipales de las mencionadas categorías. La suma total de las deudas salariales reconocidas ya por los juzgados supera los 350.000 euros.

A esto se añaden las liquidaciones que debe saldar el Ayuntamiento con la Seguridad Social por las diferencias entre las cotizaciones abonadas y las que realmente le correspondía abonar. La Inspección de Trabajo ya realizó en su día las correspondientes comprobaciones de las infracotizaciones en las que incurrió el Ayuntamiento y expidió las consiguientes diligencias de requerimiento de pago.

CCOO valora la actuación inspectora y las resoluciones judiciales, «que hacen justicia y reponen en sus derechos a los/as trabajadores/as del Plan de Empleo 2018/19. Pedimos al Ayuntamiento de Quintanar de la Orden que las cumpla sin demora».

«Entendemos que el actual equipo de Gobierno municipal ha heredado esta situación del gobierno de Carlos Madero, pero eso no quita para que tenga que asumirla, porque las y los trabajadores tienen que cobrar lo que es suyo, tal y como ordenan las sentencias judiciales», señala el secretario general de CCOO-Toledo, Federico Pérez.

«Los actuales gobernantes municipales y sus servicios jurídicos saben que los recursos no tienen viabilidad y no harán más que aplazar el pago de cuantías adeudas, lo que perjudicará a los trabajadores y también al propio Ayuntamiento, porque las deudas a las que tendrá que hacer frente se incrementarán aún más con los intereses legales que se acumulen en el tiempo», subraya Pérez