El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a nuevos impuestos verdes, a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas y las tasas Google y Tobin, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 495.000 millones de euros.

Así se desprende del Plan Presupuestario de 2021 remitido este jueves por el Ejecutivo a Bruselas, en el que, no obstante, contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, debido al mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020, alcanzando un récord de unos 494.490 millones.

El Gobierno explica que el aumento de los ingresos públicos se debe a la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio. En concreto, el impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja.

Impuesto a los envases de plástico

Entre los cambios impositivos recogidos en los Presupuestos y que verán la luz en 2021, además del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocidos como tasas Google y Tobin, que fueron aprobados recientemente por el Parlamento con una previsión de recaudación de 968 millones y 850 millones, respectivamente, figura el impulso de la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, como la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública.

El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es "favorecer hábitos más saludables".

También figuran las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal aprobado esta semana, con la que espera recaudar 828 millones, que permitirán reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, combatir la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional a 1.000 euros y también combatir la elusión fiscal de las grandes multinacionales para hacer un sistema tributario más justo, prohibiendo también las amnistías fiscales.

Pensiones y permisos de paternidad

Por el lado de los gastos, el Plan Presupuestario se sustenta en un límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, de 196.097 millones de euros, un 53,7% superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).

En detalle, contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más. En mayo el Ejecutivo cifró en 576.714 millones los gastos previstos para 2020, por lo que en 2021 se elevarían hasta unos 579.133 millones.

Según el Gobierno, este comportamiento es compatible con un fortalecimiento del Estado del Bienestar y con medidas de protección social. De hecho, el Plan Presupuestario recoge el compromiso del Gobierno con los pensionistas, que verán revalorizada su pensión en 2021 según la inflación prevista (0,9%) para garantizar el poder adquisitivo.

Asimismo, también recoge el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad.

"Esta medida supone un avance más hacia la igualdad real e implica que, por primera vez, los padres y las madres tendrán derecho a las mismas semanas de permiso", destaca el Gobierno.

Igualmente, recoge el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se consolidará en 2021.

La deuda pública bajará

El Plan Presupuestario recoge también las previsiones del cuadro macroeconómico, que cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y estima una caída del PIB del 11,2% este año, pero un repunte del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% si se tiene en cuenta le impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que el Gobierno augura una inversión de 72.000 millones entre 2021 y 2023 procedentes de los fondos europeos (140.000 millones) que recibirá hasta 2026.

En paralelo, la tasa de paro escalará al 17,1% este año, para descender el próximo ejercicio al 16,9%, o el 16,3% si se contempla el impacto de los fondos europeos.

En cuanto al déficit público, el Gobierno ha informado a Bruselas de su estimación de que escale hasta el 11,3% del PIB este año como consecuencia de la crisis y el mayor gesto para paliar las consecuencias, cuyas medidas adoptadas cifra en 210.910 millones de euros este año.

Para 2021, informe de una tasa de referencia de déficit del 7,7%, un descenso de 3,6 puntos gracias a la recuperación de los ingresos derivada de la mejor evolución del ciclo económico y a las medidas tributarias relacionadas con una

La distribución del déficit de 2021 por subsectores muestra que la Administración Central asumirá la mayor parte del coste de la pandemia, ya que la tasa de referencia inicial de la Administración Central será del 2,4%; para las comunidades autónomas del 2,2%; la Seguridad Social un 3%; y para las entidades locales un 0,1%.

No obstante, el Estado aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas, por lo que el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de estos subsectores.

Por tanto, la tasa de referencia final de la Administración Central es del 5,2%, en las CC.AA. se reduce a la mitad hasta el 1,1% y la Seguridad Social pasará de un déficit de referencia del 3% al 1,3%, en tanto que las entidades locales mantienen su meta del 0,1%, pero podrán usar sus remanentes por la suspensión de las reglas fiscales.

Por último la ratio de deuda pública sobre el PIB pasará del 118,8% de este año al 117,4%, lo que supone una reducción de 1,4 puntos porcentuales.