Estar trabajando tranquilamente y enterarse por la prensa de que van a derribar su casa. Eso mismo fue lo que le sucedió a Mario Carbonell el pasado martes, cuando tras leer La Tribuna no daba crédito al anuncio que acababa de hacer la alcaldesa en una visita a su barrio. Milagros Tolón acudió a comprobar la evolución de las obras de la nueva fase del bulevar del Paseo de la Rosa, en Santa Bárbara, y allí anunció ante los medios que se había alcanzado un acuerdo con los propietarios de las casitas bajas de la zona para proceder a su derribo y contar así con un espacio público de 800 m2 para uso y disfrute de los vecinos.

«Solo un juez puede echarme de mi casa, el Ayuntamiento no», afirma como respuesta Mario Carbonell, residente en una de esas viviendas «desde hace 37 años» y empadronado allí desde el 30 de agosto de 2007. «Dijeron que era un okupa y no es así. La casa estaba arrendada a mi abuelo y luego pasó a mi abuela y así hasta mí. Tengo un contrato y no pueden dejarme en la calle. Pretenden tirar mi casa cuando yo vivo allí, tengo mi luz y mi agua pagada. No dicen la verdad», afirma este toledano sin comprender el anuncio de la alcaldesa cuando él asegura que no ha llegado a un acuerdo con nadie.

Sí que es cierto que reconoce que ha hablado con una trabajadora social y con alguien del Ayuntamiento, pero sin llegar a concretar nada. «Todo ha sido por teléfono. Me llamó un señor de parte del Ayuntamiento y me dijo que podían facilitar temporalmente una casa en el paseo del Tránsito. Yo dije que estaba dispuesto a colaborar, pero que quería ver la casa dónde me querían meter y tener ciertas garantías. En la calle no me voy a quedar», explica Mario, que sigue sin comprender los motivos del derrumbe. «Si fuera para hacer allí un hospital, pues lo entendería. Pero el criterio es ‘que queda feo’. Pues oiga, lo siento, pero es mi casa», afirma el afectado, al que el Consistorio considera que vive «en precario» en la vivienda. Es decir, sin contraprestación alguna, sin contrato y sin pagar renta. Algo que Mario Carbonell niega tajantemente. «Tengo mi contrato de arrendamiento», insiste una y otra vez.

«Yo no quiero que me den a cambio un chalet ni nada, pero deben entender que por muy malas condiciones que tenga es mi casa. Llevo viviendo allí desde que tenía diez meses y esta situación me está desbordando, estoy de los nervios», señala este vecino, que todos los días va a trabajar a Madrid como mozo de almacén y que teme con volver una noche y encontrarse todo en ruinas.

«Me dejan en la calle y estoy solo. Quiero una seguridad», reitera Mario, que a pesar de sus penurias económicas ha contratado un abogado. «Aunque no tenga para comer, pero en la calle no me quiero quedar», comenta.

Como no podía ser de otra forma, su abogado respalda todas las afirmaciones, y el pasado viernes envió un escrito al Ayuntamiento solicitando que le aclararan qué iba a pasar con su cliente. Si no obtuviera respuesta, o fuera insatisfactoria, anuncia que acudirá al auxilio judicial para evitar que tiren la casa.

Con todo, Mario no es la única persona que reside en las casitas que se pretenden derribar, ya que según ha tenido conocimiento este diario otra persona duerme en uno de los inmuebles que están en peor estado. Es una vivienda con parte del techo derruido que lleva años abandonada. Todos esos inmuebles fueron construidos hace más de cincuenta años para los empleados de Aceites Moro y algunos trabajadores del ferrocarril, y han ido deteriorándose con el paso del tiempo por la falta de reformas e inversión. El Ayuntamiento afirma que ha llegado a un acuerdo por 125.000 euros con el propietario (Aceites Moro) para su expropiación y derribo.