La necesidad de asegurar los ingresos necesarios para hacer frente al elevado gasto que el Estado ha destinado en el último año a la pandemia ha llevado al  Gobierno a incluir en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, según la ministra de Economía Nadia Calviño, remitirá este próximo viernes a Bruselas una medida que contempla poner en marcha un sistema de pago en la red de vías de alta capacidad tanto en autopistas como en autovías, cuyo déficit ascendía a 7.500 millones de euros a cierre de 2019.

La introducción de estos impuestos en la red de 14.130 kilómetros de autovías actualmente libres de pago en España generaría unos ingresos de 12.649 millones anuales por tarificación, según la patronal de la construcción Seopan.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

Entre los objetivos del Ejecutivo destacan impulsar la recuperación en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea en un siglo para lograr una verdadera transformación del tejido productivo.

Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i.

Entre las 20 inversiones principales para los tres próximos años, el Ejecutivo tiene el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.

Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.

En total, se movilizarán en el período 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones, que tendrán un impacto «inmediato» en la economía y en el empleo este mismo año.

En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y  contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos.