El Ayuntamiento de Talavera dejará de percibir este año entre 1 y 1,5 millones de euros por la modificación parcial de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Así lo avanzó a La Tribuna el concejal de Economía y Hacienda, Luis Enrique Hidalgo, quien esta condición se verá reflejada ya en el proyecto de Presupuestos Municipales para este ejercicio, aún pendiente de aprobación.

El edil explicó que esta nueva fórmula debe aplicarse «desde el momento en el que se publica el Real Decreto 26/2021 de 8 de noviembre», a partir del cual todas las conocidas como plusvalías estarán regidas por esta normativa y por la modificación parcial de la ordenanza relativa a este impuesto aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado jueves día 20 para adaptarse a la legislación. Esto supondrá, como indicó, una pérdida anual de entre 1 y 1,5 millones de euros de ingresos.

Con ello, desde el Ayuntamiento han de «reestructurar la fuente de ingresos y algunos gastos» para que, con los ingresos disponibles, el Consistorio talaverano «siga funcionando igual de bien e incluso mejor, con mejores servicios de calidad, con mejores prestaciones al ciudadano». 

El objeto principal de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se basa ese Real Decreto es dejar determinado que aquello donde no hubiese existido ese incremento de valor, no se puede gravar. Así, con esta modificación de la ordenanza fiscal se recoge ese supuesto de no sujeción en los casos de inexistencia de capacidad económica o de ausencia de incremento de valor.

Hidalgo señaló que esta modificación afectará tanto a aquellas a las que ha dado la razón el juzgado como a las que estaban recurridas, aunque no haya habido aún pronunciamiento judicial al respecto.

En lo que respecta a los cambios a la ordenanza fiscal que introduce esta modificación, el edil explicó que lo que se hace es «trasladar lo que dice el propio Real Decreto», con dos tipos de cálculo para el interesado. Uno de ellos consiste en una estimación objetiva medianteuna tabla con una serie de coeficientes, que se aplican en función del número de años que el ciudadano que haya tenido en posesión el bien. En este caso, el valor catastral de dicho bien se multiplica por el coeficiente correspondiente.

La segunda de las opciones se basa en restar al importe real de la venta el importe real de la compra, «una diferencia entre esos dos importes», hablando en todo momento del valor del suelo, que es el que grava este impuesto. 

Con ello, «el ciudadano puede elegir la fórmula que le sea más favorable para él», optando de esta manera entre el método de estimación objetiva o el real. «Podrá elegir qué tarifa es la que quiere pagar, aunque entendemos, lógicamente, que siempre abonará aquella que le sea menos gravosa, que le suponga ingresar menos dinero a las arcas municipales», indicó Hidalgo.

En cuanto a la regulación de la gestión del impuesto, se contempla un sistema de autoliquidación aunque también se recoge la posibilidad de formalizar convenios de colaboración para el intercambio de información tributaria entre la administración tributaria de la comunidad autónoma y las entidades locales.

Siguen las bonificaciones. El concejal recalcó, por todo, que lo que se hace es «adaptarse a las nuevas fórmulas de cálculo», manteniendo «todas las bonificaciones» que ya existían. Sobre este punto, recordó que hay bonificaciones del 95% para la vivienda habitual y que en 2021 ya se introdujo en las ordenanzas fiscales la posibilidad de que tuviese dicha bonificación una plaza de garaje y un trastero del mismo inmueble. Asimismo, se mantiene la bonificación en un segundo inmueble, algo que se trasladó también en la ordenanza fiscal de 2021, donde quedó recogido que aquellos inmuebles con un valor catastral del suelo de menos de 50.000 euros se podían beneficiar hasta de un 50% de bonificación en el impuesto.

La modificación irá este jueves al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Talavera para su aprobación inicial, tras lo que se iniciará el correspondiente plazo de presentación de alegaciones. Una vez finalice, regresará al Pleno para su aprobación definitiva, si bien no será preciso este paso en el caso de que no hubiera alegaciones, situación en la que quedaría aprobado de manera definitiva sin necesidad de pasar de nuevo por sesión plenaria. Como indicó el edil, la obligación de los ayuntamientos es la de tener aprobadas estas modificaciones en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de publicación del Real Decreto, el pasado 9 de noviembre.