Desde enviar cajas llenas de arena en lugar de guantes hasta vender material sanitario caducado o falsificado. El coronavirus ha alimentado la picaresca de muchos que han querido hacer su agosto con la pandemia y lucrarse con un material que ya es imprescindible. Algunos lo han conseguido, pero a otros tantos las Fuerzas de Seguridad les han frustrado su deseo de hacerse ricos a costa de un virus que desde principios de 2020, o tal vez antes, no ha dejado de acechar.

Se cuentan por decenas los golpes policiales que en estos dos años se han asestado a esta actividad ilícita que tiene un nombre y un castigo en el Código Penal: estafa. O delito contra los intereses de los consumidores.

Aun así, muchos han seguido intentándolo. Prueba de ello es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, cuando aprovechando el récord de incidencia de contagios de la sexta ola, los «malos» han intentado «colar» en el circuito legal test de antígenos que no reunían las condiciones sanitarias exigidas.

Y es que, no habían pasado ni cinco días desde que el Gobierno decretara el estado de alarma cuando la Policía Nacional ya daba cuenta de la incautación de 3.600 mascarillas, 497.000 guantes y 12.756 botellas de soluciones hidroalcohólicas.

Todo ello se encontraba en Cobo Calleja, el principal polígono industrial de almacenes de distribución de productos de China, ubicado en Fuenlabrada (Madrid). 

En ese momento inicial, traficar con mascarillas era un negocio más que goloso, porque el mercado estaba en esas fechas desabastecido de ese material -tan preciado entonces como el papel higiénico- y su precio estaba muy por encima de lo razonable. Si es que se tenía la suerte de encontrarlo, claro.

Julio de 2020. La Guardia Civil informa de una operación en Valencia contra la venta de material sanitario caducado y que se salda con la incautación de 300.000 mascarillas y 14 detenidos. El Instituto Armado llama a la operación Face mask. Junto a los tapabocas, los agentes intervinieron guantes, medicamentos, jeringuillas... En suma, un material que, en su mayor parte, había caducado hacía seis años, en 2014. 

Es imposible hacer la cuenta de las mascarillas que a lo largo de la pandemia han intervenido las fuerzas de seguridad, pero si hablamos de partidas «gordas» hay que mencionar las 1.095.000 unidades de este producto, en este caso del tipo KN95, que se encontraron en el puerto de Almería a finales de septiembre de 2020. Su destino era Orán (Argelia) y se encontraban ocultas en el fondo de cuatro semirremolques sin paletizar y mezcladas entre la carga legal. Su valor: 3,6 millones de euros.

Los meses pasaban, la pandemia no tocaba techo ni fondo y los delincuentes seguían viendo en ella una oportunidad de engordar sus fondos. Hasta se constituyeron en organizaciones criminales para poder ejecutar mejor su fraude.

Una de esas redes logró perpetrar cientos de estafas en 21 provincias vendiendo a través de páginas web. Particulares, Ayuntamientos, farmacias y hasta ortopedias acudieron a internet para hacer sus pedidos. Nunca llegaron. 

"Fiebre" de los antígenos

La sexta ola de la pandemia coincidió en el tiempo con la Navidad. La incidencia de contagios se disparó en España y el que más o el que menos se ha hecho un test de antígenos. ¿Han sido todos legales? 

Lo cierto es que a costa de esta «fiebre» también ha habido quien ha querido hacer negocio, pero la Policía lo ha impedido a tiempo.

Una vez más el polígono Cobo Calleja fue escenario de una intervención de las Fuerzas de Seguridad, en concreto el pasado 30 de diciembre, por la que se intervinieron 300.000 test de antígenos que presentaban irregularidades e incumplían las medidas sanitarias.