El Ayuntamiento de Santa Olalla ha aprobado en Pleno, con 7 votos a favor del Partido Popular y 3 abstenciones del PSOE, una ordenanza para poder actuar contra la ocupación ilegal.
Según informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado, está tomando medidas como parte del Plan municipal contra la violencia de género. Así, ha aumentado la presencia policial, ha elaborado de un censo de viviendas con riesgo de ocupación, trabajando en coordinación con las entidades financieras y propietarios de viviendas vacías. Además, el equipo de Gobierno ha ordenado vigilancia policial constante de las zonas donde existe ocupación ilegal, así como la atención a los vecinos afectados por dicha ocupación o el estudio sobre la viabilidad de la colocación de más cámaras de seguridad.
Desde ahora, por medio de esta ordenanza con medidas urgentes, el Ayuntamiento obligará a tapiar puertas y ventanas para impedir el acceso al interior de viviendas permanentemente vacías, la contratación de seguridad privada o de cualquier otra medida que impida el uso de la vivienda de forma ilegal.
En las viviendas ya ocupadas de manera ilegal en Santa Olalla, el propietario del inmueble deberá tomar en el plazo máximo de dos meses las medidas necesarias para el desalojo. En el caso de no cumplir con el deber de conservación del edificio, el Ayuntamiento podrá instar a la ejecución forzosa de dichas medidas.
Todas estas actuaciones se deben completar con la colaboración de los vecinos de Santa Olalla, «tan importante en estos casos», pues es «entre todos como podremos combatir y de forma más efectiva los posibles casos de nuevas ocupaciones».
Precisamente al terminar el Pleno en el que se había aprobado esta ordenanza contra la ocupación, el alcalde, Pedro Congosto, recibía una llamada de la Guardia Civil alertando de que estaban evitando una ocupación ilegal.
Con todo ello, el alcalde de este municipio de la comarca de Torrijos con 3.200 empadronados explicaba en el comunicado la incidencia vivida: «Me presente allí, inmediatamente, con varios de mis concejales y el encargado municipal, para intentar impedir que esa vivienda pueda ser ocupada. En la mañana siguiente me he personado allí de nuevo, junto con Policía Local, para comenzar los trámites con el propietario de la misma y que lo antes posible empiecen a aplicar medidas tales como tapiar o proteger los accesos a la misma».
Así, abundaba Congosto: «Como alcalde, estoy empleando todas la herramientas legales con las que a día de hoy se puede contar en una administración local y seguiré pidiendo a la administraciones superiores un cambio de legislación para poder mejorar más la situación».