El Ayuntamiento de Toledo anunció el pasado 22 de septiembre que había llegado a un acuerdo de expropiación por valor de 125.000 euros con los propietarios de las seis casitas bajas que existen en el paseo de la Rosa. La intención de Consistorio era, y sigue siendo, derribar esas viejas viviendas para mejorar las obras de continuación del bulevar y el plazo marcado se situaba en este mismo mes de octubre. La sorpresa para los responsables municipales llegó cuando se enteraron de la negativa a abandonar la vivienda por parte de un vecino que lleva empadronado allí desde 2007 y que asegura tener un contrato de arrendamiento que el Ayuntamiento califica como precario, al estar a nombre de su difunto abuelo y no de él.

Mario Carbonell, pues así se llama el vecino que reside en una de esas casitas bajas «desde hace 37 años», se reafirma en su postura a no dejar la vivienda y, pese a lo que se dijo en un primer momento desde el Ayuntamiento, él niega haber alcanzado ningún acuerdo para abandonar la casa.

Por todo ello, puesto el asunto en manos de un abogado, el pasado martes presentó en el juzgado un recurso solicitando medidas cautelarísimas para la paralización del derribo por parte del Consistorio. «Mario vive con miedo, hay que ponerse en su lugar y pensar que el día menos pensado te tiran tu casa con una excavadora», afirma su abogado, que espera que el juez tome en consideración sus alegaciones y frene todo un proceso que consideran disparatado.

Y es que, si bien es cierto que Mario habló con personal municipal para ver un posible traslado provisional a otra vivienda, él mantiene que no cerró nada y que no piensa quedarse en la calle, reiterando en varias ocasiones que solo un juez tiene potestad para echarle de su casa.

«Yo no quiero que me den a cambio un chalet ni nada, pero deben entender que por muy malas condiciones que tenga es mi casa. Llevo viviendo allí desde que tenía diez meses y esta situación me está desbordando, estoy de los nervios»,  comentaba Mario a La Tribuna a los pocos días de conocerse la intención de derribar su casa, una situación que anímicamente le ha ido pasado factura con los días hasta el punto que actualmente está de baja médica por ansiedad.

«Hay que ponerse en su pellejo. No puedes vivir con el miedo a que vuelvas de trabajar y te encuentres con todas tus cosas entre los escombros. Es su casa», reitera el abogado de Mario Carbonell a la espera de que en los próximos días el juzgad se pronuncie sobre la paralización o no del derribo y aporte la directrices de cómo se va a solucionar el conflicto.

Esas casas son propiedad de una empresa de aceites cercana, y desde los años sesenta las alquilaba a sus trabajadores. También han residido en ellas empleados de Renfe. En la actualidad, la mayoría de ellas tienen un aspecto ruinoso.