La economía patria ha ido retomando el pulso de manera progresiva tras sufrir las consecuencias de una pandemia que, pese a los pequeños repuntes que está experimentando y que registrará en los próximos meses, parece controlada, más aún con la llegada progresiva de la tercera dosis de la vacuna. La buena evolución del consumo y del empleo dejaba entrever un crecimiento robusto y consistente, pero la falta de materias primas y, por ende, de determinados componentes, así como el encarecimiento de la energía, sobre todo de la electricidad, ha vuelto a generar dudas en el peor momento y se han erigido en un grave problema que están logrando frenar la rueda de la recuperación.

España viene de cerrar 2020, con un descenso histórico de más de 10 puntos y, a partir de ahí, es más fácil conseguir registros positivos que empujen a caminar por la senda del optimismo. Las últimas perspectivas oficiales situaban el crecimiento del PIB para este año en un 6,5 por ciento y auguraban que era muy probable que los niveles prepandemia se pudieran igualar a finales del presente ejercicio. Sin embargo, la euforia se ha topado de nuevo con una realidad, tan tozuda como tangible, que deriva de la suma de varios factores que van a influir directamente en el crecimiento económico. Ya no sólo se trata de la crisis del flujo de bienes a nivel mundial o del tremendo repunte del precio de la energía, sino que el retraso de la puesta en marcha de los esperados fondos europeos Next Generation está lastrando directamente a la inversión. La gran mayoría de expertos y analistas sitúan la expansión del PIB en un 5,2 por ciento y la recuperación de los registros antes de la llegada del coronavirus para principios de 2023; un jarro de agua fría para un Gobierno de coalición que quiere que los brotes verdes crezcan cuanto antes.

Si hay distintos factores externos que ya están influyendo en la velocidad y el empuje de la recuperación, las reformas internas que el Ejecutivo está llevando a cabo -como son la subida del SMI o la eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones- no se van a quedar atrás. Lo más inminente es la derogación de la reforma laboral que se implantó durante el mandato de Mariano Rajoy tras la peor crisis de las últimas décadas. 

Yolanda Díaz ha reiterado que es su principal objetivo antes de fin de año, aunque parte de sus socios sugieren que sólo elimine los artículos más lesivos. Los sindicatos tienen claro que ha llegado el momento ante el deterioro de los derechos de los trabajadores y del salario medio en España, mientras que la patronal ya ha advertido que las consecuencias pueden ser nocivas, tanto para el mercado laboral como para los potenciales inversores. Habrá que ver en qué queda todo, pero es evidente que el Gobierno no se puede permitir dar pasos en falso si quiere que la recuperación se base en la solidez y no sea algo pasajero.