Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas deberán proceder en los próximos meses a elaborar una primera propuesta sobre el futuro Plan Estratégico con el que repartir los más de 47.000 millones de euros de los que dispondrá España en la nueva Política Agrícola Común, cerrando así un periodo de debates que se prolongan desde 2019. Este Plan deberá responder fundamentalmente a las nueva y mayores exigencias comunitarias sobre la asignación de fondos para las políticas verdes (con el 40% de los recursos) o para la aplicación de los ecoesquemas, donde deberían ir el 20% de los fondos para actuaciones como la sostenibilidad de los pastos (con permiso de lobo), la preservación de los suelos, agricultura de precisión, gestión de nutrientes o lucha contra la erosión. Pero, además de todo ello, el Plan se presenta como la oportunidad para tapar viejos y actuales desajustes, vías de agua contra una asignación justa de los pagos.

Un primer roto que enmendar es la distribución de los fondos de acuerdo con las directrices comunitarias para dar mayores apoyos a los profesionales genuinos y superar la imagen ya manida que dice que un 20% de los beneficiarios percibían el 80% de los fondos, incluidas empresas no dedicadas básicamente a la actividad agraria.

En el caso de España, considerando solo el importe del pago básico y el de los pequeños agricultores por importe de 2.800 millones, por encima de los 60.000 euros se hallan 2.808 beneficiarios, el 0,43% del total, que se embolsan el 10,5% de los fondos. Una cantidad similar sería por el pago verde. El grueso de esos beneficiarios con ayudas superiores a los 60.000 euros se concentran en Andalucía, con presencia dominante de familias de la aristocracia y la burguesía como la Casa de Alba con cobros en Sevilla, Salamanca y Ávila; la sigue Madrid, punto de registro de las sociedades, Extremadura y Castilla-La Mancha, lugar de desembarco también hace tres décadas de grandes inversores urbanos en tierras, con Menasalbas (Toledo) como foco de pagos por cebaderos de vacuno.

En Castilla y León no abundan ese tipo de perceptores familiares, salvo Cooperativas-SAT o entidades como La Ventosilla, con 246.000 euros, en Burgos. Igualmente destacaría como tenedor de tierras el grupo Siro con más de 2.000 hectáreas, aunque no figura como tal entre los mayores perceptores.

Este agujero se pretende reducir mediante el ajuste de los pagos del 25% cuando los mismos se hallen entre los 60.00 y los 75.000 euros, del 50% entre los 75.000 y los 90.000 euros y del 85% a partir de los 90.000, con el techo de los 100.000 euros una vez deducidos todos los costes laborales. Se estima que esa medida no va a suponer una elevada recaudación para su redistribución entre las pequeñas y medianas explotaciones viables ante la realidad de la división de las grandes explotaciones para no superar esos techos. Por ese motivo, y para apoyar las primeras hectáreas de esas pequeñas y medianas explotaciones en una política redistributiva, Agricultura contempla la posibilidad de un ajuste general en los pagos para su distribución en ese segmento de los agricultores.

Un aspecto a reforzar en el futuro sería elaborar una definición más dura del profesional genuino, que hoy incluye a aquellos cuyos ingresos provenientes de los pagos suponen entre el 20% y el 30% de los ingresos totales de la explotación. Y otra vía de agua a controlar sería una mayor clarificación de los pagos a empresas cuya actividad principal no es la agricultura o la ganadería.

Agujero a taponar es la escasa convergencia de ayudas lograda desde 2015 entre regiones (secanos, regadíos, pastos y cultivos permanentes) y en una misma región agronómica y que está provocando que agricultores con la misma actividad no tengan los mismos pagos. Agricultura ha puesto en marcha un plan de convergencia por el que en los próximos dos años, en una misma región, los pagos más bajos supongan ya el 70% y el 80% de la media, lo que ha levantado la división o el rechazo en parte del sector.

Se apoya la convergencia con carácter general pero, desde los críticos no se entiende muy bien su alcance. Puede suponer que una gran explotación con ayudas por hectárea en la parte baja, pero globalmente por encima de los 60.000 euros, vaya a acceder a fondos procedentes de los ajustes de una pequeña explotación donde la ayuda unitaria es superior a la media regional. En consecuencia se apoya la convergencia, pero no a palo seco y sin tener en cuenta otros factores.

Agujeros de escándalo fueron los derechos históricos individuales de pago en determinadas producciones que se mantuvieron al margen de que no hubiera cabaña ganadera o el cultivo generador del derecho, dando lugar a una desigualdad entre agricultores operando en un mismo mercado. Ejemplo: tierras de tabaco con ayuda al cultivo, dedicadas al cultivo de tomate, en competencia con los tomateros tradicionales sin ayuda, hecho denunciado por FEPEX. El problema se repite hoy entre agricultores en un mismo sector con las ayudas radicalmente diferentes en función de rendimientos fijados hace décadas, ajenos a la realidad actual.

Un roto en los pagos de la PAC ha sido el provocado por la asignación de los derechos de pago único desde los primeros años del siglo y que se consolidaron como pago básico desde 2015 solo para quienes los solicitaron en ese ejercicio en base a los datos de 2013. Ello ha provocado que cientos de miles de hectáreas en régimen de arrendamiento se hayan quedado sin los derechos de pago que han pasado a los arrendatarios. Y, sobre todo, que mientras el propietario de la tierra o sus herederos, agricultores o no, deban adquirir derechos para tener una actividad rentable con las ayudas, los tenedores de los mismos estén negociando con ellos en los mercados en una actividad especulativa. El efecto indirecto para los dueños de esas tierras sin derechos es que el valor de las mismas, en muchos casos su patrimonio, se ha devaluado cuando entienden que lo más simple hubiera sido dejar el derecho en la tierra y que se beneficiara quien la cultivara.

Agricultura ya proponía en la Conferencia Sectorial de junio de 2020 que, una vez lograda la convergencia de ayudas en 2025, se produjera la supresión de los derechos históricos individuales para pasar a un sistema basado en pago por superficie, ligado a la tierra, menos complejo, burocrático y especulativo, pero que no estará exento de debate. 

Para todo ello, las respuestas se deberían concretar en el futuro Plan Estratégico. Mucho por tapar.