La consejera de Cuentas, María Antonia Lozano, de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dictó el pasado 17 de marzo en el que concluye que no se aprecia que concurran las circunstancias necesarias para acordar el archivo de las actuaciones iniciadas a propuesta del concejal y portavoz del PP del Ayuntamiento de Seseña, Jaime de Hita, por las presuntas irregularidades en el complemento de productividad acordado por el Consistorio en octubre de 2019.

«Procede a los solos efectos de procurar un mayor esclarecimiento de los hechos, y sin que ello suponga en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables, que por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, en relación con las irregularidades puestas de manifiesto, al ser en dicha fase de actuaciones previas en la que con todas las garantías se procederá a la investigación de los hechos», afirma el auto de la consejera de Cuentas. De esta manera, propone seguir adelante con el nombramiento de un delegado instructor.

El Ayuntamiento de Seseña había solicitado el pasado 10 de marzo el archivo de las actuaciones, pero la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas procederá a la investigación. La función del supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el ámbito de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de los bienes, caudales o efectos públicos.

La denuncia presentada por Jaime de Hita puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas que la Corporación municipal de Seseña había aprobado por decreto retribuciones para la interventora, la secretaria y los integrantes de la Policía Municipal por conceptos distintos e importes superiores a los autorizados legal y reglamentariamente.

Los populares entienden que la subida, «que se realizó por decreto, se llevó a cabo esquivando la aplicación del precepto que establece los límites del complemento específico, que en los casos denunciados llegan a superar los 3.000 euros más al mes, disfrutando de una retribución anual total muy superior a cualquier funcionario incluso de la Administración Estatal».

Como recuerda la denuncia del PP municipal, la normativa establece unos límites para la retribución vía complemento específico para que guarden «proporción con la masa salarial total y el presupuesto de la entidad», evitando «aumentos desproporcionados», como el que los concejales del PP entienden que «se está cometiendo».

Se da la circunstancia de que dicha subida de sueldos ya había sido paralizada previamente ante las «advertencias de irregularidades «puestas de manifiesto por el Grupo Municipal Popular durante la celebración de las comisiones informativas previas al Pleno,  el 26 de septiembre de 2019, por lo que la propuesta fue retirada del orden del día por la alcaldesa, quien, el 29 de octubre de 2019, sólo un mes más tarde, la sustanció a través de un decreto.

Tras analizar la denuncia, el Tribunal de Cuentas la admitió a trámite y solicitó el nombramiento de un delegado instructor, como firmó el fiscal Carlos Castresana el pasado 3 de marzo, petición que ha sido atendida por el auto firmado por la consejera de Cuentas sobre el que cabe presentar recurso de reposición ante el mismo órgano. En su escrito, el fiscal entendía que las irregularidades denunciadas «pudieran suponer un menoscabo patrimonial de fondos públicos susceptible de generar responsabilidad patrimonial por alcance».

El PP de Seseña también había solicitado la retirada de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada en Pleno, que conlleva un aumento de la plantilla junto a una subida generalizada de sueldos, en algunos casos, según los populares, de hasta un 30%. Para el PP, con la RPT, aprobada en el último Pleno, la alcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, «pretende perpetuar  la subida de sueldos que está investigando el Tribunal de Cuentas y consolidar las desigualdades causadas con los decretos que están bajo sospecha».

«La decisión del Tribunal de Cuentas de admisión a trámite es una muestra de que la denuncia que hemos realizado está fundamentada, tal y como ya habíamos advertido previamente. Los hechos denunciados desvirtúan la normativa para conceder subidas salariales por una vía que presuntamente no se ajusta a la legalidad. Además, causan desigualdades entre los trabajadores y se adoptaron de espaldas del resto de la plantilla», indicaba en nota de prensa el pasado 3 de marzo el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Seseña.