El equipo de Gobierno de Polán llevó ayer al Pleno la formalización de un préstamo de 846.000 euros para hacer frente al pago del importe  de las facturas más los correspondientes intereses de demora que el Ayuntamiento debe a Tagus por el suministro de agua potable en alta a la localidad. La mora corresponde a los bimestres de abril y mayo de 2012, junio y julio de 2013 y diciembre de 2015 y enero de 2016.

La urgencia en el pago de las deudas contraídas con la concesionaria del servicio -las primeras facturas impagadas datan del bimestre de abril y mayo de 2012- llega tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que desestima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Polán y que confirma la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo que obliga al Ayuntamiento a hacer frente al abono de las facturas impagadas más los correspondientes intereses de demora. A ello hay que sumar las costas judiciales fijadas en 2.700 euros.

El equipo de Gobierno lleva a Pleno la apertura del expediente de contratación y el pliego de cláusulas de concertación del mencionado crédito con una entidad financiera para hacer frente a estas deudas. El principal del préstamos resulta de sumar los 671.587,65 euros de las facturas pendientes de pago a los 121.354,87 euros de intereses de demora y otros 50.417,27 euros reclamados por Tagus en concepto de intereses añadidos en aplicación del artículo 106.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que hacer referencia al interés legal del dinero  calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. A todo ello hay que añadir las costas judiciales.

sentencias. El Tribunal Superior de Justicia desmontó uno a uno los motivos que alega Polán en su defensa al concluir que solo «busca justificar el impago de la totalidad de las facturas a pesar de recibir la prestación del servicio y cobrar el precio de la tasa a sus abonados en el municipio».

Polán justificaba el impago en la existencia de pérdidas de agua de la canalización que transcurre desde el Cerro de Palos hasta el contador instalado en el pueblo, y que achacaba «a averías o enganches ilegales para que sean asumidas por la concesionaria», pero los magistrados le recuerdan que el mantenimiento de ese tramo de la infraestructura es de su responsabilidad (fue entregada al municipio por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2001).

Es más, se concluye que la responsabilidad de Tagus termina al suministrar el agua a Polán en el depósito situado en el Cerro de los Palos. Por lo tanto existe «prueba documental» y el TSJ cree que «el Ayuntamiento de Polán solo pretende desviar la atención, incluso dotándola de cariz técnico».

Polán discrepaba además del lugar de medición, de los metros cúbicos facturados, del precio, etc., pero nunca apeló, según el fallo, a la mediación del Ayuntamiento de Toledo que, por convenio, «tiene atribuida la facultad para resolver cuantas cuestiones litigiosas puedan surgir».

Además, el Ayuntamiento de Polán «pretendía que se le tratara como un abonado más del Ayuntamiento de Toledo» pasando por alto que «el agua potable que recibe es consecuencia de un acuerdo entre administraciones del año 2000» en el que se accedía a su petición de agua potable con el fin de disponer del caudal necesario y suficiente para poder abastecer a la población. Es decir, siendo quien promueve el acuerdo es también quien se lo salta.

En este punto la sentencia subraya que Polán obvia que Tagus está unida contractualmente con el Ayuntamiento de Toledo, de quien es concesionaria, y puntualiza que «por ello las facturas emitidas llevan también el sello» del consistorio capitalino.