No entendería el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha no fuera aprobada por unanimidad en las Cortes regionales. Un texto que ha sido sometido a una amplia participación de la sociedad regional, así como de los partidos políticos presentes en la Mesa regional del Agua de la que ha salido, tras el diálogo y discusión de más de 50 entidades. «Debería tener un apoyo unánime» dijo, y confió en que los grupos parlamentarios «estén a la altura» una vez que el documento obtenga el informe del Consejo Consultivo, que tiene un mes para pronunciarse, tras lo que irá de nuevo a las Cortes para su votación.

Un texto que era «necesario y urgente» actualizar y que cuenta entre sus logros considerar este recurso como «un derecho humano», al tratarlo como «un bien público y no privativo», sujeto a un principio de solidaridad. Un concepto «trascendente» ya que, según estimó Arroyo, el agua también «tiene que servir para la redistribución de la riqueza».

Mejoras. El consejero destacó cuestiones concretas de la Ley como que la región tendrá opinión en las derivaciones de agua entre cuencas siempre que afecten al territorio, o el establecimiento de un canon medioambiental basado en el principio de ‘quien contamina paga’ y la recuperación de costes revirtiendo el canon en la realización de obras hidráulicas. Además cuenta con bonificaciones especiales.