El Gobierno retoma hoy las conversaciones con empresarios y sindicatos para definir la futura reforma laboral y lo hace con una propuesta sobre la mesa: un nuevo mecanismo permanente que aspira a sustituir a los actuales ERTE y que el Ejecutivo denomina Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo.
Así lo filtraron ayer diversos medios digitales, que tuvieron acceso al último borrador remitido a las partes por el Gabinete antes del encuentro. Un documento en el que se establecen tres tipos de ERTE diferentes. Por un lado el de fuerza mayor, que replica básicamente el modelo actual para situaciones excepcionales sobrevenidas, como la pandemia del coronavirus, por ejemplo. Y cuyo coste será compartido entre el Estado y las empresas.
Por otro lado, el Gobierno propone un nuevo ERTE de reestructuración, enfocado específicamente para canalizar a los trabajadores que deban ser recolocados en otras compañías, una especie de portabilidad. Esta fórmula contempla que la firma de la que salga el empleado pague un 50% del coste de su despido al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) de tal forma que la compañía que lo integre no tenga que asumir todo el coste de una hipotética salida.
Finalmente, se contempla una tercera modalidad de ERTE, el sectorial, que será específico para aquellos sectores que deban reestructurarse enteros.
En los ERTE de reestructuración y sectoriales, las empresas deberán solicitar la reducción de jornada y, si esta no fuera viable, la suspensión de contratos. La autoridad laboral tendrá que dar su visto bueno en un plazo de 15 días o se considerará aprobado siempre que se cumpla después las condiciones. De haber acuerdo con los representantes de la plantilla, la duración de estas ayudas será de 12 meses.
El Gobierno crea también una nueva Prestación de Sostenibilidad del Empleo para los afectados por un Red. Su cuantía equivaldrá al 70% de la base reguladora y no superará los 1.271 euros al mes (el 225% del IPREM, que ahora se sitúa en los 564 euros al mes). Esta ayuda será compatible con otro trabajo a tiempo parcial sin que se deduzca de su importe la parte proporcional al tiempo trabajado.
Texto «farragoso»
Este nuevo esquema dista mucho de lo que hasta ahora había puesto sobre la mesa el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. La entrada en las negociaciones de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos que lidera Nadia Calviño y de otros departamentos como el de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, han relegado a un segundo plano los borradores que manejaba Díaz. Ahora, según las partes que manejan la nueva propuesta, los textos son mucho más «farragosos».
Con este planteamiento en la mano, el Ejecutivo se topará, como ha trascendido hasta ahora, con el rechazo de la patronal. Los empresarios tienen claras las líneas rojas, pero la toma de control por parte de Asuntos Económicos y la renuncia expresa a una «derogación total» de la legislación aprobada en 2012 por parte del Partido Popular puede acercar algo las posturas.
Sin embargo, el camino al acuerdo no será fácil, después de que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dejara claro anoche en una entrevista radiofónica que el esquema de los nuevos ERTE no ha seducido a los empresarios: «Ya adelanto que no va tener nuestro visto bueno», advirtió. A sus ojos, se trata de un modelo «intervencionista» que «aumenta costes» para las empresas y «reduce la capacidad decisoria de las compañías».