La tramitación masiva de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es una de las consecuencias que ha traído el coronavirus. Junto a la pandemia sanitaria está la económica, y muchas empresas se han visto obligadas a acogerse a esta medida para poder mantenerse a flote durante los meses de confinamiento y de restricciones por la brusca caída de sus ingresos. Las facilidades ofrecidas desde el primer momento por parte del Gobierno central han ayudado a que se mantengan muchos puestos de trabajo gracias a los ERTE, pero siempre que se aplica una medida de este tipo hay que estar alerta a los posibles fraudes.

Se trata, principalmente, de casos en los que los trabajadores que siguen oficialmente en ERTE para la administración están trabajando, con el consiguiente ahorro de sus nóminas para el empresario, y también de empresas fantasma creadas específicamente para acogerse a los ERTE. La verdad es que con la norma siempre llega la trampa, y la administración pública debe velar por el buen funcionamiento del sistema.

De esta forma, en la provincia de Toledo, desde que se decretó el estado de alarma el pasado mes de marzo, y con datos del Ministerio de Trabajo actualizados hasta el pasado 2 de febrero, se han generado por parte de los servicios de inspección un total de 417 órdenes de servicio ante fraudes en los ERTE.

De todas esas órdenes, la administración regional ha podido finalizar 336, que se han saldado finalmente con 32 infracciones en Toledo. Esos ERTE fraudulentos han sido sancionados con multas por valor de 296.670 euros que deberán ser abonados por las compañías, empresas y pymes infractoras.

En toda Castilla-La Mancha, en el periodo de tiempo señalado anteriormente, se han generado 1.485 órdenes de servicio por presuntos fraudes en ERTE, de las que se han finalizado 1.112.

De todas ellas, 111 se han saldado con infracciones, que llevan acarreadas multas por valor de 633.246 euros.

Toledo es la segunda provincia de la región con más casos investigados, tan solo superada por Albacete (505), pero curiosamente es la segunda en la menos se confirmaron las infracciones finalmente, con 32 procesos certificados como fraudulentos frente a los 92 de Guadalajara o los 33 de Ciudad Real, y empatado a 32 con Albacete.

La única provincia que puede presumir de tener su expediente sin mácula de fraude en los ERTE es Cuenca, donde se han abierto un total de 72 investigaciones por presuntas irregularidades y en la que, tras finalizar 41 procesos, aún no se ha encontrado ninguna empresa que haya abusado de la normativa de los ERTE.