El cansancio, el dolor y el descontento no cesan en Colombia después de 12 días de movilizaciones. Las protestas que sacuden el país desde hace ya dos semanas continúan imparables en la nación, que cada día vive una nueva jornada de tensión en las calles. Una situación límite que ha provocado la muerte de al menos 27 personas, según el recuento oficial ofrecido por el Gobierno, aunque diversas organizaciones civiles ya hablan de más 40 fallecidos desde el estallido social, mientras más de 500 personas siguen desaparecidas.
Pese a que las marchas comenzaron como una movilización contra la ya retirada reforma tributaria planteada por el Ejecutivo, el clamor se ha extendido a lo largo de todo el territorio y ha abierto el abanico a muchas otras demandas que incluyen cambios en materia de salud, trabajo y educación, además de exigir la caída del Ejecutivo de Iván Duque y que se acabe con la brutalidad policial. En este sentido, muchos sectores de la sociedad claman por una reforma de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fuerzas muy militarizadas y que dependen del Ministerio de Defensa, mientras el Ejecutivo continúa sin reconocer estos abusos.
Duque sigue enarbolando el discurso de que detrás de los disturbios que se han producido están grupos criminales e incluso bandas armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC, que «lo único que hacen es crear una condición de permisibilidad para la violación de los derechos de la gente que se está manifestando».
Pero más allá del clamor contra la violencia policial en las calles, los manifestentas también mantienen algunas reivindicaciones que estarán sobre la mesa en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité del Paro Nacional. La primera supone la retirada del proyecto de ley de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, una norma que, en su opinión, favorece a las empresas y no a la población usuaria del sistema sanitario.
En segundo lugar, los ciudadanos plantean la necesidad de implantar una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual durante seis meses para personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Otro de los puntos es la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina mediante la creación de subsidios para pequeños y medianos productores, a la vez que exigen una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
Asimismo, otra de las cuestiones que piden los manifestantes es la matrícula cero y el no a la alternancia educativa, en referencia al actual sistema educativo del país, y medidas para facilitar el acceso a la educación superior, incluida la privada, mientras que también exigen políticas para terminar con la discriminación de género, diversidad sexual y étnica.
en busca de una salida. Ante este panorama, los gobernadores y alcaldes de Colombia se reunieron a lo largo del pasado fin de semana con Duque para buscar una salida a esta crisis política y social que mantiene paralizado el país.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente indicó que estos diálogos continuarán la próxima semana y se abordará «una agenda de trabajo» en la que se buscará «levantar bloqueos, la defensa de la institucionalidad y el rechazo a la violencia».