El Ayuntamiento de Toledo va a pagar 35.250 euros a la empresa Riff Producciones SL en concepto daños y perjuicios derivados de la no adjudicación de un contrato relativo a «espectáculo musical de las fiestas del Corpus 2015». Esta herencia de la época de García-Page viene con el añadido de tener que pagar otros 1.000 euros por costas judiciales ya que los tribunales castigan así a quien recurre sin verdaderas posibilidades de  que prospere su causa.

En este caso se produjo una «adjudicación arbitraria» a favor de otro licitador que presentó una oferta peor y al Ayuntamiento, a sus contribuyentes, les ha salido cara la jugada del Gobierno local.

Ante el reproche de la oposición sobre la «desidia» de los juristas municipales para defender al Ayuntamiento o la falta de reflejos para asumir el error y pagar sin más pleitos, el vicealcalde dice que según la ley la administración pública está obligada a recurrir o sus responsables incurren en el riesgo de ser acusados de prevaricación. Pero eso no puede desviar la atención del hecho de que se haya actuado adjudicando un contrato «a quien no cumplía el pliego» aprobado por el propio Ayuntamiento, y que esa actitud haya quedado reflejada en las sentencias.

Según se indica por los magistrados, la indemnización recogida en la sentencia tiene en cuenta tanto el beneficio industrial como la compensación por el lucro cesante. Además, «se han infringido los principios de igualdad y transparencia en la contratación pública, lo que determina la confirmación de la sentencia apelada y la consiguiente desestimación del recurso» del Ayuntamiento de Toledo.