El temporal ‘Filomena’ ha retrasado los primeros juicios por lo penal de desahucio que se tenían que haber celebrado esta semana contra los ocupas de la promoción pública de 148 Viviendas Sociales de Río Yedra. Una semana antes, la Policía Nacional les había remitido las citaciones para el juicio. Ante la imposibilidad de desarrollarse cuando estaban previstos, la Junta confía en que las vistas se podrán desarrollar a lo largo del presente mes de enero, o a lo sumo febrero.
Esta acción judicial es consecuencia de las sendas acciones judiciales, por lo civil y lo penal, que Gicaman, instituto público de la Junta, propietario del inmueble, interpuso ante la justicia tras las peleas ocurridas y la consiguiente operación policial del pasado mes de junio, de las que ya informó La Tribuna.
Con estas acciones Gicaman ha querido solucionar la problemática que se estaba ocasionando, sobre todo de convivencia vecinal, que se estaba ocasionando en la promoción. Así lo recuerda la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, que apunta que todas las actuaciones judiciales que ya van a comenzar son fruto de aquellas denuncias, primero la penal, en verano, y después la civil, unos meses más tarde. Este es, a su juicio, el único recurso que tenía Gicaman, propietaria del inmueble, para actuar contra el delito de ocupación, dado que no podía hacerlo de oficio.
«Nuestro objetivo es acabar con las ocupaciones ilegales, especialmente en nuestro parque de vivienda, porque se ocasiona un doble perjuicio», apunta Sandoval. Recuerda que hay problemas de convivencia vecinal y se está perjudicando mucho a quienes cumplen con sus obligaciones como adjudicatarios de vivienda protegida. Pero, además, estas viviendas ocupadas estaban pendientes de adjudicación a familias vulnerables que cumplen con la ley, que las necesitan y están en el Registro de Demandantes a la espera de que se les adjudique la vivienda. Las ocupaciones ilegales les están perjudicando.
Ahora todo está en manos de la justicia, y ya no depende de la administración. Sandoval apunta que la Ley Antidesáhucios no afectará a las resoluciones judiciales, porque esta se aplica en los casos de alquiler, no con las ocupaciones ilegales.
La Junta, recuerda la directora general de Vivienda, está trabajando para combatir las ocupaciones ilegales, no solo en sus inmuebles. Le consta que en La Sagra y el Corredor del Henares hay muchos municipios con muchos problemas de ocupaciones ilegales. Para combatirlas, el pasado mes de diciembre, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó en las Cortes regionales un proyecto de ley. Con el mismo, recuerda la directora General, se modifican leyes tan importantes, como las de Enjuiciamiento Civil y Criminal, el Código Penal y la de Propiedad Horizontal. El objetivo «es tener herramientas jurídicas y legales para poder combatir las ocupaciones ilegales de una forma ágil y eficaz». El proyecto de ley se elevará al Gobierno de España «y nuestro objetivo es que lo hagan suyo».
Bajada de alquiler. Mientras tanto, Vivienda ha comunicado a algunos residentes con contrato en las 148 que está estudiando una revisión de los precios del alquiler. En cualquier caso, les solicita que intenten pagar tanto como les sea posible, «ya que un impago sin justificación puede derivar en una resolución del contrato».
Sandoval recuerda que la bajada de precios es una reivindicación de los residentes, que ha hecho suya la Asociación de Vecinos El Tajo. Entienden que los precios son superiores al valor de mercado de las viviendas. La Junta está estudiando la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista económico y jurídico. Aunque también recuerda a los residentes que tienen que cumplir con sus obligaciones, como los pagos de alquiler y de la comunidad.