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"El Estado colombiano se muestra impotente ante los problemas"

Jaime Ortega Carrascal (EFE)
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Descontento. Ha entrado y salido del mundo de la política por su desafección con los dirigentes y ahora no descarta presentarse para encabezar el Gobierno de una nación que, a su juicio, se encuentra en la situación más preocupante de las últimas déc

"El Estado colombiano se muestra impotente ante los problemas" - Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Protagonista de los dos acontecimientos más importantes de la Historia reciente de Colombia y con toda una vida dedicada a la política, Humberto de la Calle considera que el país vive una situación más grave que la de hace 30 años, cuando se redactó la nueva Constitución, y que el Estado es «impotente» ante los problemas nacionales.

De la Calle, que fue ministro de Gobierno (1990-1993) y como tal participó en la Asamblea Constituyente, fue vicepresidente en el Ejecutivo de Ernesto Samper (1994-1996), encabezó el equipo del Gobierno en las negociaciones de paz con las FARC (2012-2016), optó a la Presidencia en 2018 y acaba de presentar su libro Memorias dispersas (Penguin), un testimonio de su vida pública, afirma que a sus 74 años no descarta otra candidatura presidencial.

Al hablar de los antecedentes de la Constitución de 1991, usted dice en su libro que tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989) al país lo invadió una sensación de «tocamos fondo». ¿El país va de nuevo por ese camino?

Creo que hay cierto paralelismo. En el suceso que condujo a la muerte de Luis Carlos Galán hubo una ruptura enorme pero de alguna manera personalizada en la medida en que la reacción de la clase dirigente fue agruparse y buscar el consenso.

En ese sentido, puede ser más grave la situación ahora porque lo que veo es mucha dispersión: la élite gobernante totalmente destrozada, el sistema político hace aguas, la desconfianza es aún mayor y luego también (hay) más indignación en la población. Lo que ha pasado en las manifestaciones recientes es inédito, no las habíamos tenido ni de tan larga duración ni extendidas en todo el país ni con una participación enorme. 

Así como en 1990 el Estado estaba aturdido, ¿vuelve a estarlo ahora por los asesinatos de líderes sociales y de desmovilizados?

Ahora creo que la situación es más grave porque a ese fenómeno social yo lo llamaría un Estado impotente,  lo que estamos viendo es el asesinato de quienes firmaron el acuerdo de paz, de los excombatientes; asesinatos de líderes sociales, un desorden prolongado con una práctica incapacidad del Estado para controlar, para preservar la circulación en las vías, y muy poca capacidad de reacción.

¿Hay nuevamente lo que llama «pérdida de reconocimiento y aceptación ciudadana de las instituciones»?

No solo se está repitiendo, sino que yo creo que se está agravando porque el panorama en el 91 era de desconfianza frente a los partidos, frente al Congreso, y críticas a la Justicia, se decía que era ineficaz, que era lenta, que no había acceso, pero ahora hay casos gravísimos de corrupción en las altas cortes y eso ha generado una especie de desprecio a la Justicia; cada vez que se toma una decisión la toman a puntapiés atentando contra el entramado institucional.

Hay grupos muy agresivos que dicen que hay una conspiración de los jueces y hay toda una suerte de teorías que ha llevado a arruinar algo que ya venía averiado, sin dejar de mencionar el desprestigio de la dirigencia política que cada vez es más profundo, y el desorden de los partidos.

 Y en cuanto al acuerdo de paz, ¿hay retrocesos?

Creo que hay un problema de implementación o aplicación del acuerdo, y en esto quiero ser lo más objetivo posible: el Gobierno ha buscado cumplir algunos elementos del acuerdo, particularmente lo relacionado con la reincorporación.

Sin embargo, detrás de esto hay una idea central y es más o menos la de decir: «A esos señores que dejaron las armas, que eran como los soldados rasos de la guerrilla, démosles algunas cosas y ayudémosles en unos programas», pero lo que contenía el acuerdo que no era lo militar, sino la hoja de ruta para el futuro de Colombia, que es un problema del Estado y de la sociedad, ha quedado en el tintero.

La reforma política, que era el punto dos del acuerdo, no existe, es una idea que murió rápidamente. Las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz, allí también ha habido una deformación que se ha venido corrigiendo lentamente. Por último, el cumplimiento real de la reforma rural, también está estancado.

¿Está satisfecho con el grado de cumplimiento de las FARC?

Yo diría que no totalmente. Primero, en el inventario de los bienes para la reparación (de las víctimas), quedamos un poco en el limbo; en segundo lugar, habría que agregar la resistencia inicial de las FARC a reconocer con empatía la situación de las víctimas, promover el perdón, la reconciliación, la reparación del daño causado de una manera más contundente, (aunque) esto fue cambiando.

Tengo que decir que el gran cumplimiento de la guerrilla fue el de entregar las armas, que se destruyeron, aunque después vinieron las disidencias por distintas razones, pero en todo caso (se logró) la finalización del conflicto con las FARC, no la paz que es una construcción colectiva. Ahora el compromiso de Colombia es no desistir, aprovechar la oportunidad del acuerdo y terminar de conseguir una paz total que es una tarea pendiente.

¿Volverá a ser candidato presidencial en 2022?

Hay gente que quiere, tengo que reconocerlo. Le estoy hablando con toda franqueza que no he tomado una decisión pero tampoco me atrevo a decir rotundamente que no porque las circunstancias de la vida pueden cambiar. Es muy difícil decir de esta agua no beberé cuando las circunstancias son tan móviles y los acontecimientos tan impredecibles como lo que está ocurriendo en Colombia.