Después de muchos meses dando vueltas al convenio del Nudo Norte, la comisión de Urbanismo escribió esta mañana su final, bastante agridulce por las posturas encontradas del equipo de Gobierno con el resto de los grupos municipales. El PSOE sacó adelante la modificación del convenio y recibió el respaldo en la votación del concejal no adscrito, Luis Miguel Nuñez, para continuar con los trámites de un convenio que obliga al Ayuntamiento a pagar más de nueve millones de euros a la empresa Condominio, que también pueden saldarse mediante bienes patrimoniales o unidades urbanísticas en un plazo de cinco años.

Por tanto, el dictamen favorable de la comisión de Urbanismo pasará por Pleno, pero en la oposición se ha quedado un poso muy amargo porque no entienden que la solución buscada sea renovar un convenio «lesivo» para la administración municipal para dar cumplimiento al acuerdo político que se alcanzó «por unanimidad» en 2008, cuando la situación urbanística actual «es bien distinta» y tanto PP, como Ciudadanos como IU-Podemos tienen claro que el precio a pagar es desorbitado.

La lectura de este complejo convenio urbanístico es distinta según  se mire. El equipo de Gobierno está satisfecho con la solución, «un acuerdo de justicia» y, sobre todo, una solución que lleva trece años en el aire y exigía «una resolución»  administrativa porque, de lo contrario, la salida de los tribunales abocaba, según el concejal de Urbanismo, José Pablo Sabrido, a seis o siete años de pelea y «podría perjudicar mucho al Ayuntamiento».

La comisión de Urbanismo llevaba el convenio en su segundo punto del día y Sabrido explicó en líneas generales el acuerdo e hizo hincapié en la obligación de resolver el problema y cumplir con lo que aprobó la Corporación en el año 2008, contando además con los informes técnicos favorables.

Pese a las explicaciones, su «absoluta transparencia» y toda la documentación facilitada a los grupos durante los últimos meses -un total de 32 documentos-, la postura del PSOE no les convence, sobre todo, por el alto precio que tiene que pagar el Ayuntamiento, más de nueve millones de euros, ya sea en metálico o en bienes patrimoniales o urbanísticos, cuando el urbanismo de la capital no guarda relación con el de hace trece años ni con las expectativas que se mantenían entonces.

Todos entienden que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a un convenio, pero no ven frutos en la reciente negociación. Araceli de la Calle, de Ciudadanos, fue la primera en dejar claro que la postura de su grupo no ha cambiado y el voto en contra se mantiene porque tiene claro que la anulación del POM también podía haber traído consigo la del convenio con Condominio «porque hay base legal para hacerlo». Además, insiste en que el convenio que saldrá adelante «es más lesivo aún» para el Ayuntamiento, puesto que el PSOE «va a favor de Condominio» en lugar de mirar por los intereses de a administración, sobre todo, teniendo en cuenta las condiciones urbanísticas actuales.

Por otro lado, De la Calle también se sigue preguntando por qué Condominio no ha pedido la ejecución del convenio desde 2008, una cuestión que no gustó a Sabrido, que se apresuró a contestar que se trata «de una postura maliciosa  con la que se quiere crear la duda».

La peraleda en la diana. Desde IU-Podemos, Txema Fernández,  también mostró su oposición en relación a un acuerdo «que ha estado años en un cajón» y que apenas ha cambiado a pesar de que desde el PSOE se insista en la negociación con la empresa, porque el único punto llamativo, en su opinión, es que se ha desligado del pago exclusivamente «con unidades urbanísticas», pero se teme que los planes de Condominio sean «hacer negocio en La Peraleda» y construir allí ahora que también se va a levantar el futuro cuartel de la Guardia Civil. En este caso, tiene claro que el PSOE sigue «teniendo en la cabeza» la modificación puntual número 29 del Plan General del 86 que no fue aprobada.

El PP también se mostró muy combativo. «Nos cuesta creer que haya habido negociación con la empresa», soltó el concejal Pablo Corrales, ya que no comprende «la generosidad bárbara» del Ayuntamiento.

El PSOE  y Nuñez se quedaron solos con la propuesta. Sabrido defendió el acuerdo y respondió a las críticas de la oposición afirmando que la postura de los grupos obedecen a interes políticos y «ninguno ha presentado una alternativa» a este convenio. Por su parte, el concejal no adscrito no ofreció demasiadas explicaciones y se limitó a comentar la necesidad de solucionar el convenio «porque es un cadáver al que hay que dar sepultura» después de tantos años «y de la manera menos lesiva posible».