Los casos de Miguel y de Natxo y su hija de 17 años, tres personas que están viviendo en Toledo junto al río, son solo los casos más mediáticos en los que están trabajando los Servicios Sociales de la ciudad, pero no son muy diferentes de otros tantos. En todos ellos, ha podido confirmar este diario, los profesionales municipales están ejerciendo su trabajo abnegado y anónimo, hasta donde pueden, porque también hay situaciones irresolubles. «Nadie puede pensar que los Servicios Sociales de este o cualquier Ayuntamiento tienen a sus ciudadanos desamparados, se trabaja constantemente». Llegan peticiones desde el ámbito judicial, de la administración económica o desde particulares, y tratan de llegar a todo. El problema es que, como ya han manifestado en varias ocasiones los responsables públicos del equipo de Gobierno, son asuntos muy delicados, de los que no se puede dar noticia por la necesaria confidencialidad que hay que tener en torno a la situación de cada uno de los usuarios. En general, todo lo que afecta a Servicios Sociales y sus datos sensibles.

Más aún, cuando estamos hablando de una menor, como la que hay ahora viviendo en el río con su padre. En este caso, los Servicios Sociales mantienen su trabajo, aún teniendo claro que, en primera instancia, los responsables de sus cuidados son los progenitores o tutores legales. Los Servicios Sociales solo están para acompañar si es necesario. También hay otros órganos pendientes, como la Fiscalía de Menores. Otra cosa es una situación de desatención o desprotección, en la que sí pueden entrar a trabajar otros profesionales. Eso lo tiene que determinar en un proceso de intervención, en el que pueden estar los Servicios Sociales a varios niveles, local o regional, sobre todo. Hasta ahí, en el común de los casos, los padres son los responsables de los menores y las administraciones están para acompañar y apoyar.

Pendientes de Miguel. En el caso de Miguel, se trata de una persona mayor de edad, a la que se le presta ayuda dependiendo de sus necesidades, pero poco más pueden hacer los Servicios Sociales; Miguel es responsable de sus actos y si quiere estar en la calle, nada se puede hacer.

Otra cosa es que los propios interesados informen. De momento, ha confirmado él mismo, los Servicios Sociales han puesto en marcha un seguimiento muy cercano, y han logrado para él una ayuda de 850 euros a la vivienda, para cuando disponga de ella. En cada caso, en definitiva, los Servicios Sociales buscan la intervención que proceda, y ofrecen la ayuda que pueden, pero no pueden obligar a nadie, ni dar más datos, por su cuenta, para preservar una confidencialidad que no puede transcender.