Las cifras hablan. En Toledo capital aumentó un 12,6% el número de víctimas de violencia de género en el segundo trimestre y las denuncias crecieron un 4,7%. Pero los datos simplemente son números que ayudan a contextualizar la problemática, pero no entran a fondo. Los números no pueden contar por qué una mujer decide coger el teléfono para pedir ayuda o se presenta en una comisaría, tampoco cómo trabaja la Policía Nacional cuando conoce un caso.

Las estadísticas no saben de miedos, de que no resulta fácil renunciar a pesar de que sea el mantra que se repite desde hace años, ni  de medidas que se pueden tomar. Sin embargo, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Judicial de Toledo sí está acostumbrada a trabajar en la trastienda de la violencia de género y desempeña una labor fundamental de intervención, acompañamiento y seguimiento de cada caso. Además, también asume los casos de violencia doméstica y delitos sexuales.

Esta unidad conoce al instante cuando se produce una agresión, a pesar de que esa primera intervención la efectúen los compañeros que trabajan a pie de calle, antes de que la víctima llegue a la comisaría o se materialice una denuncia. En ocasiones, algunos de los integrantes de este servicio sí acuden a la intervención, ya que también se encargan de la investigación policial, pero la mayoría de las veces entran en marcha más tarde. Por tanto, son los policías que acuden a un aviso o una llamada los que se mueven y piden atención sanitaria si es necesario,  hablan con los testigos y realizan gestiones para que cuando hay menores «se queden atendidos» durante el tiempo necesario.

A la unidad llegan los casos de distintas maneras al margen de la comisión de un delito. «La mujer suele venir por su cuenta a la comisaría a denunciar en el grueso de los casos», explica la jefa de la UFAM, Cristina R.G. Pero los ocho policías destinados aquí, cinco a investigación y otros tres a protección, también están acostumbrados a encontrarse a mujeres maltratadas que no quieren denunciar «por miedo, por dependencia emocional, por su situación económica y por múltiples motivos».

Los agentes están muy experimentados y cuentan con formación específica que realizan de manera periódica. Hace tiempo los cursos del Ministerio del Interior se impartían en Madrid, pero al final se optó por descentralizarlos para que las comisarías los gestionaran e impartieran directamente.

La denuncia es de lo que se suele hablar, pero antes la unidad lleva a cabo una entrevista con cada una de las víctimas. «Te exponen su situación y otras veces ponen nombre y apellidos». Esa primera toma de contacto policial es imprescindible para informarles de sus derechos como víctimas, de los trámites, de la denuncia, de los recursos que disponen, de la posibilidad de contar con abogado, aunque en la denuncia no suele estar presente físicamente por la rapidez de respuesta ante un caso de violencia de género, pero sí hay  un contacto telefónico previo.

«Algunas mujeres llegan con muy poca información o tienen miedo de denunciar». La jefa de la unidad considera que en estos casos «es necesario poner más carne en el asador» y aclarar todas sus dudas. Muchas veces, la víctimas quieren desahogarse y «necesitan contarte su angustia». La unidad también proporciona información sobre la posibilidad de que puedan ponerse en contacto con un psicólogo en el centro de la mujer y en la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia, en los juzgados. Si bien, todavía este tipo de recursos «son muy escasos» a pesar de la lucha institucional en relación a la violencia de género.

Una vez terminada la entrevista, se redacta la denuncia que se remite al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, el encargado de esta materia. Por otro lado, al denunciado «se le detiene o se le investiga» en función de los hechos y todo ello avanza hacia la celebración de un juicio rápido a las pocas horas, lo que exige una buena coordinación de la Policía Nacional con el juzgado.

«Tenemos muy buena sintonía». La labor de la Policía Nacional no acaba con la denuncia. La investigación del delito es fundamental para el resultado judicial y el seguimiento posterior del caso, puesto que la UFAM también se encarga de velar por las medidas de protección penales o civiles que decreta el juez en cada uno de los asuntos.

situaciones. Este servicio policial no está operativo las 24 horas, con lo que si se produce una agresión o llega un caso de noche se tramita desde la oficina de denuncias. Si bien, en la unidad no se para. Cristina sabe «que toca hacer malabares» cuando una víctima se encuentra en comisaría durante el fin de semana para contactar con distintos recursos porque puede darse la situación de que sea necesario, por ejemplo, procurar cuidados a sus hijos hasta que esa mujer regrese a casa.

La unidad está muy atenta ante posibles denuncias falsas. En este caso, «se actúa de la misma manera que en cualquier otro delito a pesar de que se trate de violencia de género».

Cualquier cambio o complicación que pueda surgir en un caso afecta directamente a este servicio de la Policía Nacional. Cuando una víctima renuncia durante el procedimiento judicial a continuar adelante o se niega a declarar, todo ello amparado por ley, quedan pocas salidas «salvo que haya lesiones y el fiscal acuse». Aun así, Cristina sabe que en la práctica si una mujer decide no seguir adelante en la vía judicial «las instituciones se quedan sin herramientas». En Toledo ocurre pocas veces, pero en las estadísticas trimestrales siempre aparece algún caso. «Ellas vuelven con los agresores por muchos motivos, por miedo, por temas económicos, por presión social o por razones que solo ellas saben y que se nos escapan», sostiene.

pandemia. El confinamiento obligado por el coronavirus que motivó el encierro en casa durante dos meses se tradujo en un aumento de denuncias en la provincia de Toledo, en concreto, un 24,1% más que en el primer trimestre de 2020. Algo que también se notó en la unidad. «Se veía que con la pandemia podría haber más casos y en esos momentos se intensificaron las actuaciones policiales ante cualquier sospecha relacionada con la violencia de género y se aumentaron también algunos recursos de acogida para darle a la víctimas esa opción».  

La investigación es una de las labores fundamentales de la UFAM. Se exige rapidez, eficiencia y buena coordinación para que el juzgado pueda actuar frente a un delito. Pero cada caso exige una manera de abordarlo y Cristina considera que el avance tecnológico puede complicar bastante las investigaciones, sobre todo, porque en algunos delitos el acoso, y las amenazas se realizan a través de whatsapp y dificulta el seguimiento salvo «que se haya dejado un buen rastro».

Tampoco resulta sencillo realizar la vigilancia de las medidas que impone un juez, ya que la más habitual es la orden de alejamiento para que el agresor no se pueda acercar a su víctima. En este caso, resulta imposible poner a un policía al lado de cada mujer como garantía de seguridad, pero la unidad está muy pendiente de que las medidas no se vulneren.

La Policía Nacional está adherida al programa 'Viogén', un sistema de protección integral de las víctimas que incluye valoraciones de riesgo para facilitar la protección. Se trata de una herramienta, implantada por el Ministerio del Interior, que va ganando terreno, que funciona en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Sin ir más lejos, en Toledo se están realizando seguimientos a 1.375 mujeres.

La Consejería de Igualdad ofreció datos hace diez días y subrayó que hay 3.764 víctimas en el sistema, de las cuales 20 están en una situación de riesgo alta. También el Ayuntamiento de Toledo anunció recientemente que la Policía Local se adherirá al sistema Viogén para reforzar y mejorar la protección.

Cristina y su equipo nunca saben cuando entrará una llamada o habrá que desplazarse a recabar pruebas, pero siempre están preparados.