En las Cortes regionales también se presentan leyes para echar el cierre a organismos. Hoy se hará con la ley que extinguirá las Cámaras Agrarias provinciales, una vez que han perdido sus funciones. Los tres partidos con representación en el Parlamento, PSOE, PP y Ciudadanos, coinciden en que había que suprimirlas. Incluso desde la oposición se deja caer que esta extinción llega tarde. Sin embargo la discrepancia está en lo que se va a hacer con su patrimonio.

La ley establece que quedará "adscrito a la consejería" y especifica que deberá asegurar su aplicación "a fines y servicios de interés general agrario del ámbito territorial". Se concreta que el dinero que quedaba en las cuentas de estas cámaras irá a la "mejora y mantenimiento de las infraestructuras agrarias propias de la provincia". El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, señaló que algunos ayuntamientos que habían alegado pedían que fuera para caminos y que la Junta "lo aceptó".

También la normativa da la posibilidad al Gobierno regional a que ceda el uso o el dominio del patrimonio a corporaciones locales o a las organizaciones agrarias siempre que sea para "fines de interés general agrario". En cada provincia habrá una comisión liquidadora que hará una propuesta sobre qué hacer con ese patrimonio. 

Las Cortes echan el cierre a las Cámaras Agrarias - Foto: Javier Pozo

Aunque no aparece recogido en la ley, el consejero avanzó que con las parcelas rústicas, lo que quiere hacer el Gobierno es crear un banco público de tierras. Explicó que esta iniciativa se recogerá en otra ley, la de Agricultura Familiar.

Para el PP todo este patrimonio debería pasar al municipio. El portavoz de los populares en este tema, Emilio Bravo, habló incluso de "ley puramente expropiatoria" y recuerda a la Junta que ese patrimonio de las Cámaras Agrarias se creó "con aportes de agricultores y ganaderos, incluso con derramas de la población" y las fincas rústicas de acuerdos de concentración parcelaria. 

Bravo defiende que los ayuntamientos "son los que están más cerca de los agricultores y ganaderos". Y aunque la normativa contempla la posibilidad de cesiones a los municipios, Bravo no se fía. Señala que dependerá de la Junta y que "primaará el amiguismo y premio a los afines".

Las Cortes echan el cierre a las Cámaras Agrarias - Foto: Javier Pozo

El consejero replicó que este patrimonio debe pasar a la Consejería porque la ley obliga "destinar el patrimonio a fines de interés general agrario" y quien tiene esas competencias es la Junta y no los ayuntamientos. 

La discrepancia entre el Gobierno y Ciudadanos fue otra. La diputada de la formación naranja Elena Jaime quería que se modificara la normativa para que en las comisiones de liquidación estén todas las organizaciones agrarias de la región y no solo las del Consejo Asesor Agrario. "No podemos afirmar que son las que representan a los agricultores, cuando hace 43 años que no se hacen elecciones", apostilló.