El servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de Toledo pasa por un inesperado momento de transición debido a que la empresa ha renunciado a dos años de prórroga que ya había firmado. Como respuesta, el equipo de Gobierno prepara otra licitación a pesar de que el año pasado, cuando recababa votos para aprobar el presupuesto, se comprometió con Izquierda Unida-Podemos a municipalizar la gestión (hacerla pública directa). Los usuarios no se van a quedar sin atención ya que la contrata ha aceptado seguir hasta que el sustituto tome las riendas. Esta prórroga extraordinaria se realizará sin variar las condiciones de ejecución (alcance, certificaciones, facturación, etc.).
En de abril de 2019 se firmó con 'CASER Residencial SAU' el contrato del servicio de Ayuda a Domicilio que tenía una duración de dos años. Agotado ese plazo, en abril de 2021 suscriben con el Ayuntamiento de Toledo el acuerdo de prórroga durante otros dos años y CASER «manifestó la aceptación conforme a las especificaciones contenidas» en el documento.
Sin embargo, «a raíz de diversas reuniones mantenidas entre los representantes de ambas partes» sobre cuyo contenido no se informa, «CASER ha manifestado que, en la actualidad, no tiene intención de suscribir la prórroga de dos años» acordada. Ante esas circunstancias se propuso a la entidad prorrogar el contrato durante el tiempo que dure la licitación de uno nuevo por el Ayuntamiento, «a lo cual accedió».
Esta medida de transición tiene su respaldo en la ley donde se dice que «cuando existan razones de interés público para no interrumpir la prestación se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses».
El Ayuntamiento se acoge a ese precepto dada «la imprevisibilidad del hecho de que el contratista haya cambiado de parecer y existiendo indudables circunstancias de interés público que recomiendan que no se produzca una interrupción en la prestación de la ayuda a domicilio ya que es un servicio dirigido a colectivos de especial vulnerabilidad social». Además subraya que cuenta con la conformidad del contratista.
Los informes jurídicos internos (de la Secretaría General) no hallan inconveniente legal en la prórroga del contrato pero advierten de que «debe iniciarse una nueva licitación a la mayor brevedad», cosa que, por cierto, no se ha producido y ya han pasado más de dos meses.