El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ocaña comprobó después de su llegada en junio de 2019 que el terreno dedicado a la ampliación del cementerio estaba ocupado. No era propiedad del Consistorio. «El Ayuntamiento cobraba las sepulturas de un terreno que no era municipal», explica a este diario el portavoz, Juan José Rodríguez. Y apostilla: «Vimos que era de extrema gravedad».

El inicio de estos enterramientos se remonta a octubre de 2012, pero hasta ahora el Ayuntamiento no ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la propiedad. De este modo, el Consistorio ha abonado ya 45.000 de los 60.000 euros pactados con los dueños por los 4.800 metros cuadrados, por lo que falta por pagar el 25 por ciento e inscribir posteriormente el terreno en el registro de la propiedad. «Antes de ir a los juzgados, que lo teníamos crudo», afirma el portavoz del equipo de Gobierno.

«Cada vez que había un fallecimiento que necesitaba una nueva fosa, se cobraba por un terreno que no era municipal», explicaba hace unos días el Ayuntamiento a los vecinos mediante los canales de comunicación municipales. Rodríguez señala a este diario que la propiedad asegura que había intentado, sin éxito, reunirse con la anterior Corporación municipal ante la ocupación del terreno.

«La exalcaldesa (Remedios Gordo) debe explicar por qué se enterró allí y se cobraron tasas en un terreno que no era municipal», se preguntaba Rodríguez, quien apuntaba que «no es normal que se ocupen terrenos que no son municipales». Al respecto, precisaba que los vecinos se han quedado «muy sorprendidos» de esta circunstancia.

«Con esta actuación por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, las familias tienen tranquilidad y los difuntos descansan en paz», indicaba el Ayuntamiento de Ocaña en el mensaje dirigido a los vecinos y publicado en las redes sociales municipales. Y explicaba también al respecto: «Se había ocupado un terreno de un propietario sin su permiso y los vecinos pagaban por las fosas que iban comprando».

a favor del ayuntamiento. Por otro lado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Toledo  ha desestimado el recurso interpuesto por la mercantil Vialine Gestiones contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ocaña el 16 de junio de 2020, concretamente por 7.831,99 euros.

El Ayuntamiento de Ocaña, que ha publicado la sentencia, suscribió en julio de 2017 dos contratos con la mercantil para la colaboración en el control de infracciones por salto de semáforo en rojo y control de acceso, así como para la colaboración en la gestión de expedientes sancionadores en material de tráfico y seguridad vial, y zona azul. El contrato quedó extinguido un año después. Las facturas reclamadas se corresponden con fechas posteriores.