De los juzgados transcienden con facilidad y asiduidad las sentencias, la tipología de los delitos y el aumento o disminución de asuntos en determinadas jurisdicciones, pero casi nunca se hace referencia a las multas que se cobran a modo de sanción, unos ingresos que van a parar con relativa rapidez al Tesoro Público y no a cuentas dependientes del Ministerio de Justicia. Las cifras resultan llamativas a nivel general. Según los datos emitidos recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se impusieron y cobraron más de 63 millones de euros por sanciones en los juzgados españoles, ya que se impusieron más de 172.000 multas el año pasado.
Los números son más discretos en la provincia de Toledo porque las cifras facilitadas corresponden únicamente a los juzgados de la provincia, pero aun así la recaudación es cuantiosa. A lo largo de 2020 se impusieron 1.296 multas por un importe total de 529.240 euros. Si bien, si los datos se comparan con el año anterior, la recaudación cayó un 28,6% respecto a 2019, año en el que los juzgados llegaron a ingresar 741.907 euros.
La estadística del CGPJtambién refleja la cantidad de regularizaciones necesarias realizadas desde los juzgados para subsanar errores. En este caso, en Toledo hubo que revertir 13 operaciones en total, por un saldo de poco más de 11.000 euros, el mismo número de depósitos que hubo que devolver también en 2019, aunque ese año el importe no alcanzó los 8.000 euros. Todas las cuentas las gestiona el Banco Santander, que renovó el contrato que logró por concurso público.
Aunque no se detallan las cuentas ni los ingresos por jurisdicciones, partidos judiciales ni por tipología de la multa, lo cierto es que suelen ser las sanciones penales las más solicitadas normalmente. Además, hay que añadir que la reforma del Código Penal para sustituir la pena de prisión por multa dentro de las condiciones de suspensión de la condena contando con un acuerdo entre las partes también añade más operaciones e ingresos en las cuentas de los juzgados en procedimientos que cumplan los requisitos, como que la condena sea inferior o superior a dos años y el procesado tiene o no antecedentes.
otros ingresos. La estadística también facilita información sobre las multas cobradas por los juzgados de Paz, aunque el movimiento es muy pequeño en comparación del resto de juzgados. En Toledo se formalizó una única sanción por valor de 60 euros el año pasado, cuatro menos que en 2019, por un importe de 580 euros. En líneas generales, los Juzgados de Paz no registran grandes ingresos, puesto que se recaudaron 78.773 euros el año pasado a través de 288 operaciones, y fue necesario regularizar tres de ellas para subsanar errores.
problemas prácticos La multa está regulada y en circulación desde hace muchos años, pero a efectos prácticos los profesionales de la Justicia observan desde hace tiempo las dificultades que pueden llegar a suponer en determinados casos. Un informe de Eva María Motos Buendía, letrada del Colegio de Abogados de Murcia, insiste en que la sanción se facilita «como alternativa a la pena privativa de libertad», pero en el día a día son muchos los penados «que prefieren acudir a la pena de prisión, aunque sea más restrictiva motivado por la escasez de recursos económicos».
Otra de las pegas que sacan a la luz los operadores jurídicos es la necesidad de que la recaudación que obtienen los juzgados por multas vaya a parar al Ministerio de Justicia para administrar esos fondos conforme a las necesidades que se detectan desde hace años en lugar de que termine directamente en las cuentas del Estado y se administre al margen de la administración de Justicia.