El Ayuntamiento de Talavera está revisando el estado en el que los concesionarios han dejado el quiosco número 2 de los Jardines del Prado tras retirarles el contrato por impago de recibos, y ante una posible retirada de elementos del inmueble superior a la permitida.
Según informó a La Tribuna el concejal de Contrataciones y Seguimiento de las Concesiones, Luis Enrique Hidalgo, el contrato de la concesión demanial de este quiosco se adjudicó el 30 de junio de 2016 por un periodo de 15 años. Sin embargo, «había problemas de impago de recibos, se había cerrado el local y no se tenía conocimiento del propietario», por lo que desde el Ayuntamiento «se le mandaron requerimientos, tanto de pago como de la situación del inmueble».
Al no obtener respuesta, el 2 de julio de 2020 se pidió al titular del contrato la entrega de llaves del quiosco «para tomar posesión de él de forma definitiva y sacarlo a otra nueva licitación». En este momento se inició el expediente para recuperar el quiosco y ya el 16 de septiembre se resolvió de forma definitiva. Con posterioridad a este trámite, en noviembre el Consistorio recibió un escrito donde se comunicaba que habían cambiado el titular del contrato, pero «sin tener conocimiento de ello el Ayuntamiento». Hidalgo señaló que si bien se ha estado viendo la posibilidad de resolver la situación, al haber finalizado el expediente de recuperación del bien, no era posible.
En enero de este año se le notificó que debía abandonar el quiosco, dando un plazo para la recogida de enseres de su propiedad. «Para nuestra sorpresa, los días 10 y el 16 de febrero la Policía se ha personado allí, viendo que estaban desmontando sanitarios, las armaduras de aluminio y la instalación eléctrica», explicó el edil, quien dijo que por ello se ha procedido a clausurar el inmueble, donde tampoco están ahora las cristaleras que protegían el interior del local.
Junto a la Policía Local se personaron en el lugar técnicos municipales para levantar acta «porque parecía que el desmontaje estaba siendo mucho más de lo que se debería recoger», puesto que el inmueble ha de entregarse en las mismas condiciones en las que se recibió. «A la vista de que ese desmontaje quizá sea superior y se estén causando daños al inmueble, se ha actuado por seguridad de un bien público», dijo el edil.
Ahora, si hubiera daños, se emitiría un informe del que se daría traslado al interesado, que podría alegar. Según explicó Hidalgo, si los informes confirman que ha habido daños, el Ayuntamiento repararía el quiosco de forma subsidiaria y reclamaría los costes a quien estaba ahora al frente del quiosco.