E l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho público que el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España se someterá a un proceso de consulta pública a finales de noviembre, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental y previo a su envío a final de año a la Comisión Europea, a quien compete su aprobación definitiva. El objetivo es que los agricultores y ganaderos tengan garantizado el cobro de las ayudas a partir del 1 de enero de 2023.
Planas se expresaba así tras presidir la semana pasada la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se han ultimado con las comunidades autónomas cuestiones pendientes del documento, como los ecoesquemas. Mientras que el grueso de los asuntos está ya cerrado, sobre todo en lo referente a las ayudas directas (primer pilar), aún queda por avanzar en el diseño de las acciones de desarrollo rural (segundo pilar). Las autonomías pueden enviar sus propuestas hasta final de octubre para incorporar sus aportaciones al plan.
El ministro ha reiterado el importante esfuerzo de diálogo y negociación realizado para que el plan responda a la gran diversidad de modelos agronómicos que conviven en España y para que el apoyo de la PAC se destine verdaderamente a los sectores y a los agricultores y ganaderos que más lo necesitan. Desde la celebración de la anterior Conferencia Sectorial, el pasado 14 de julio, el Ministerio y las comunidades han celebrado 11 reuniones conjuntas generales y temáticas, además de numerosos encuentros bilaterales, en los que se han profundizado en las cuestiones planteadas por los territorios y se ha avanzado en la concreción de los aspectos que requerían un mayor grado de definición.
Nueva creación.
El ministro ha reconocido que los ecoesquemas constituyen el elemento más complejo en la elaboración del Plan Estratégico y que al tratarse de una figura de nueva creación en la PAC ha generado una lógica incertidumbre entre agricultores y ganaderos, porque además tienen un gran alcance, pues suponen 1.107 millones de euros anuales, el 23% del total de las ayudas directas. Después de la intensa agenda mantenida por el grupo de trabajo entre julio y septiembre, el Ministerio ha trasladado una propuesta de ecoesquemas con siete prácticas remunerables que supuestamente permitirá que todos los agricultores y ganaderos tengan acceso al menos a uno de ellos.
Para pastos permanentes y pastizales se contempla el pastoreo extensivo y la siega sostenible o dejar márgenes sin segar. Sin embargo, este punto no ha dejado contentos a todos. UPA se quejaba de que de este modo 1.500 pastores iban a quedarse sin ayudas solo en Castilla-La Mancha. «Se trata de un modelo de explotación pegado a la tierra, los pastores tradicionales que van con su rebaño y que se ven cuando se cruza la región por carretera. No tienen tierra de pasto y pastan en barbechos y rastrojeras de los agricultores. Este tipo de ganadería en extensivo sin tierra de pasto no va a tener opción de acceder a ningún ecoesquema y no podrá optar a la cantidad que supone el 23% de las ayudas directas. Al no tener base territorial en sus explotaciones no verán compensación con el pago redistributivo o este será insignificante».
Para tierras de cultivo se puede optar por la rotación, la agricultura de conservación y siembra directa, o reservar superficies no productivas y elementos de paisaje. Esta reserva de superficies no productivas también es una opción para los cultivos permanentes, en los que se contempla asimismo el mantenimiento de cubiertas vegetales, ya sean espontáneas, sembradas o inertes, dejando los restos triturados de poda en el suelo.
El importe por hectárea para cada tipo de superficie será siempre el mismo, independientemente de la práctica por la que se opte. Para efectos de pago, sobre cada hectárea solo podrá computar una práctica, aunque se puede realizar más de una práctica sobre la misma hectárea (por ejemplo rotación de cultivo y agricultura de conservación y siembra directa). El ministro ha señalado que el año 2023 servirá como experiencia piloto para evaluar el funcionamiento de los ecoesquemas y que permitirá calibrar mejor la aplicación de esta medida en 2024.
Respecto a la rotación, ASAJA Castilla-La Mancha se quejaba de que puede suponer la pérdida de superficie de cultivos tan importantes y rentables como el maíz. La organización ha explicado que se puede perder hasta un 25% de la superficie sembrada cada año, a pesar de que España sea un país deficitario. Por otra parte, la organización ha insistido, como viene haciendo en los últimos tiempos todo el sector, en que un productor que realiza una actividad en cualquier punto de España debe tener las mismas ayudas que cualquier otro, y no penalizarle por cuestiones como la pendiente de la superficie, como puede ocurrir con los cultivos leñosos. José María Fresneda, secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, ha denunciado que «tal y como está planteada la reforma de la PAC, Europa y España pierden soberanía alimentaria».
Desde UPA recalcan que los requisitos, tanto de la condicionalidad como para el cumplimiento de los ecoesquemas, deben ser «realistas» y, si es necesario, estableciendo determinadas excepciones que permitan que la actividad agrícola y ganadera pueda seguir siendo fuente de riqueza en el medio rural. Esta organización considera que es necesario presentar formalmente una propuesta definitiva de Plan Estratégico con urgencia que dote de seguridad a los agricultores y ganaderos y que permita elaborar la normativa de desarrollo «con calma». El objetivo debe ser que en el otoño de 2022 los titulares de las explotaciones agrarias tengan toda la información para planificar la campaña siguiente, que ya estará afectada por los requisitos de ese Plan Estratégico.