A los dirigentes políticos de este país el marco geográfico del Estado se les ha quedado pequeño para sus discrepancias. Si hace unas semanas fue un ministro del Gobierno, Alberto Garzón, responsable de Consumo, quien denunció en un rotativo británico la mala calidad de la carne de las macrogranjas, ahora es el Partido Popular quien ha decidido "acusarse" a Bruselas de la "arbitrariedad" del reparto en las ayudas europeas.

Lo curioso del caso es que las inoportunas declaraciones de Garzón levantaron una polvareda política que el PP aprovechó para el la lanzamiento de su campaña electoral en Castilla-León. No quedó vaca por abrazar, ni estiércol que pisar, en la defensa cerrada de la ganadería, fuera está intensiva o extensiva.

El daño de unas declaraciones sin meditar es que afectan a todo un sector, incluidos negocios familiares, respetuosos con el bienestar animal y el medio ambiente. Además de poner en pie de guerra a los veterinarios responsables de certificar la calidad de la carne que se consume y exporta.

Dicho lo anterior, y ante las palabras altisonantes de los dirigentes populares, resulta absolutamente chocante que esta misma formación haga lo mismo poniendo en duda el reparto de fondos. Y no solo eso; hace campaña en Europa y consigue convencer al grupo parlamentario del que forma parte en Estrasburgo del amiguismo en la distribución del dinero.

O sea, acude a sembrar dudas a la sede de donde parte una ayuda, imprescindible en estos momentos para salir de la crisis económica causada por la pandemia. De nada ha servido que los funcionarios de la UE les aseguren que la gestión de ese "maná" que permitirá recuperar la senda de crecimiento está siendo escrupulosamente vigilada por los "hombres de negro"; la campaña sigue. Y la razón es muy sencilla: a las puertas de elecciones en dos autonomías claves para el PP, como son Castilla-Leon y Andalucía, cualquier argumentario vale.

Da igual el daño reputacional que se cause al sector ganadero o la crisis de confianza que se pueda crear en Europa. Lo importante son los intereses electorales del momento concreto.

Parece como si Gobierno y oposición hubieran olvidado que España es un Estado de derecho y que, por tanto, existen los tribunales de Justicia a donde se debe acudir para denunciar cualquier delito.

Unos tribunales que esta misma semana han demostrado, sin ir más lejos, la imparcialidad de sus decisiones. Primero el Supremo no aceptando a trámite los recursos contra los indultos de los líderes de "procés" (el Gobierno catalán encantado y el PP cabreado). Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dando un plazo de días para aplicar la sentencia que obliga al veinticinco por ciento de las clases en castellano (el PP encantado y la Generalitat cabreada).

Por lo tanto, por favor, las discrepancias políticas dirímanlas en casa. No lleven el desprestigio fuera.