Han pasado ya doce años desde el desalojo y posterior demolición de las antiguas 48 Viviendas Sociales de la Junta en el barrio del Polígono. Al margen de okupas, había un grupo de propietarios legales en ‘la Ele’, adjudicatarios en su día de la vivienda, que en vista de lo ocurrido, fueron haciendo mayores o menores aportaciones económicas y que generaron una serie de derechos (algunos han seguido pagando su hipoteca hasta hace poco o todavía deben algo). El compromiso de la Junta (a través de su antigua Empresa del Suelo, hoy integrada en Gicaman) fue darles a cambio de su antigua casa otra vivienda en el Polígono en el plazo de cuatro años, en una futura promoción, que a la larga no llegó a desarrollarse, y hasta que esta llegara, pagarles un alquiler.
De forma que en 2021, la Junta ha podido ya saldar su deuda con varios antiguos propietarios, pero todavía quedaba pendiente una solución para al menos cuatro de ellos. Recientemente, Gicaman se ha puesto en contacto al menos con uno de los afectados para comunicarle que, con fecha de 1 de octubre, quiere poner punto final a la situación y finiquitarle el dinero adeudado.
La situación se había complicado durante los últimos meses por la existencia de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Toledo sobre otro de los particulares, que condena a Gicaman al pago del precio de la vivienda que nunca llegó a entregarse, calculado sobre la base del valor legal de la misma, más los intereses legales devengados desde la fecha en que debió tener lugar la entrega de la misma. Así se lo comunicó el propio Gicaman en abril al resto de perjudicados por la situación, a los que les informaba sobre su intención de solventar la situación lo antes posible. Sin embargo, la entrega de las cantidades continuó retrasándose, hasta inicios de septiembre.
Las viviendas, el día de su demolición. - Foto: David PérezHa sido pasado el verano cuando la Junta por fin ha contactado con al menos uno de los afectados para comunicarle su intención de darle dinero por la vivienda que no le entregó y además costear los intereses.
Antecedentes. El gueto creado en el barrio del Polígono con las antiguas Cuarenta y Ocho Viviendas Sociales llegó a su fin, después de mucha lucha por parte de los vecinos, en el año 2009, cuando se demolió ‘la Ele’. El 26 de marzo de aquel año se firmaba un Convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la ‘Empresa Regional del Suelo y Vivienda de Castilla-La Mancha, S.A.’, en abreviatura ERES (actualmente Gicaman) para el desarrollo de actuaciones derivadas de la declaración como Área de Renovación Urbana (A.R.U) de la zona de las 48 viviendas de Promoción Pública en el Polígono, lo que supuso la demolición de las viviendas y la consiguiente necesidad de realojo de los propietarios damnificados.
Unos meses más tarde, ERES firmó con los propietarios contratos de permuta por obra futura y comodato. Ellos entregaban sus vivienda en ‘la Ele’ y la administración se comprometía a entregarles otra vivienda protegida, en un plazo, recogido en escritura pública, de cuatro años. Hasta que así fuera, les pagaba otro alquiler.
El problema es que la promoción pública en la que la Junta quería realojar a estas personas, situada en el Ecobarrio, no llegó a ejecutarse.
Sentencia. El siguiente capítulo, una docena de años más tarde, ha venido de la mano de la justicia, y de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que obliga a la indemnización. Ante lo ocurrido, ha sido Gicaman quien en abril se puso en contacto con los beneficiarios para informarles de la misma y ofrecerles un acuerdo.
Su propuesta es indemnizar a los antiguos propietarios con el valor equivalente a la vivienda que les tenía que haber entregado (de 100.000 a 120.000 euros, aproximadamente), más los intereses de demora (otros 30.000 euros). A partir de la firma del documento final, la Junta tendrá cinco días para pagar y los interesados, dos meses para dejar la vivienda alquilada por la administración en la que ahora residen.
El problema, apunta uno de ellos, Iñaki Torrejón, es que con el dinero que quiere solventar ahora la Junta la situación, no se puede comprar una vivienda en el Polígono. Gicaman, de hecho, ya se ha puesto en contacto con él para comunicarle su intención de saldar su deuda y pagarle 109.834,20 euros por la vivienda que nunca llegó a entregar más 27.724,86 euros por los intereses de demora. Ese dinero, apunta el afectado, está lejos del precio que marca la propia Junta de Comunidades de una vivienda nueva de protección en el Polígono de noventa metros, como la que valora en 109.834 euros. Viene a costar entre 140.000 y 160.000 euros. Es más tras sondear el mercado, no encuentra Torrejón en el barrio ningún piso nuevo como el que él tenía (noventa metros más terraza) por una cantidad aproximada. Además, apunta, de todo este dinero tendrá que descontar lo que se lleva Hacienda, y tendrá que abordar cuando se compre un piso unos gastos de notaría e impuestos de transmisión, con los que en principio, de haberle concedido lo firmado, debería haber corrido la Junta.
Torrejón advierte que su única intención es poder seguir viviendo en su barrio, el Polígono, en una vivienda con las condiciones similares a la que entregó a la Junta. Desde hace años, apunta, ha tratado de poner toda la predisposición por su parte, siempre tratado abordar todas las vías de comunicación, no denunciar, llegar a un acuerdo normal. «No quiero un chalet en Montesión, sino un piso con 90 metros y terraza en el Polígono, lo que tenía, no quiero más», reitera. Ha presentado varias propuestas a la Junta para poder abordar la compra de una vivienda en estas condiciones, pero han caído en saco roto. También ha pedido una audiencia con el presidente regional, Emiliano García-Page, para contar la situación, pero no llega.
¿Cuál ha sido la respuesta de la administración? Es cierto que le han hecho ofertas de viviendas en promociones como las 148 Viviendas Sociales de Río Yedra, un lugar, apunta, que está tomando el camino de las 48. Ante este ofrecimiento, ha pedido las cuentas de la administración, «para saber que de verdad iba a un lugar normal, donde todo el mundo paga, no otro gueto como del que me sacaron». Y durante todo este tiempo, cada vez han subido más la vivienda en el barrio, donde ya está funcionando el hospital, y el dinero de la indemnización da para menos. Su última propuesta era algo superior al dinero que le va a llegar, cantidad con la que espera comprar una vivienda de segunda mano y reformarla. Pero pasan los meses y crece el interés por la vivienda en el Polígono, y la inmobiliaria podría no aguantar tanto tiempo. Tiene que llegar el dinero de la Junta y buscar una pequeña hipoteca para abordar la reforma. De no llegar todo a tiempo, Torrejón se teme que al final ocurrirá lo que no quería, que tendrá que abandonar su barrio en busca de vivienda más barata. ¿Cuál ha sido la respuesta de la administración? Es cierto que le han hecho ofertas de viviendas en promociones como las 148 Viviendas Sociales de Río Yedra, un lugar, apunta, que está tomando el camino de las 48. Ante este ofrecimiento, ha pedido las cuentas de la administración, «para saber que de verdad iba a un lugar normal, donde todo el mundo paga, no otro gueto como del que me sacaron». Pero no ha tenido más respuesta. Solo ha habido este ofrecimiento de dinero, que no termina de concretarse. Mientras tanto, recuerda, la administración se gasta en cada uno de los antiguos propietarios casi mil euros al mes, unos 700 en alquiler y 300 que se van acumulando en intereses de demora. Mientras tanto, cada vez sube más la vivienda en el barrio, donde ya está funcionando el hospital, y el dinero de la indemnización da para menos.