La Audiencia Provincial juzgará mañana a los concejales de la anterior legislatura A. C. G. P., J. G. R., D. A. B., V. E. F., J. A. F. T. y L. M. G. A. P., vinculados a diversos partidos políticos, por un delito de prevaricación administrativa con una petición de la Fiscalía de 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo público de concejal.

La acusación de la Fiscalía se remonta a las elecciones de 2015 en la que la actual alcaldesa, Engracia Sánchez, fue elegida también regidora y se acordó en el Pleno del 30 de junio de 2015 la fijación de dedicación exclusiva y parcial entre la mencionada y tres concejales más. La alcaldesa iba a cobrar 2.100 euros brutos mensuales.

Una moción de censura en febrero de 2016 prosperó y fue nombrado alcalde J. G. R. Los acusados se fijaron sus correspondientes dedicaciones tanto exclusivas como parciales, así como las retribuciones. Pero un juzgado de Toledo declaró nulo el acuerdo del Pleno del 10 de febrero, por lo que la anterior Corporación recuperó sus funciones.

Posteriormente, tres de los acusados presentaron una solicitud de convocatoria de Pleno extraordinario para la fijación de nuevas retribuciones de los concejales liberados y de la alcaldesa. Así, asignaron un euro bruto para cada uno de ellos, manteniendo las funciones y liberaciones adoptadas en junio de 2015. Durante la sesión extraordinaria, la secretaria municipal leyó un informe de los servicios jurídicos de la Diputación que exponía que la propuesta de fijación de retribuciones a un euro bruto era contraria a derecho. Sin embargo, los acusados votaron a favor del cambio en la retribución. El acuerdo se adoptó el 17 de septiembre de 2016 y fue suspendido cautelarmente por un juzgado el 7 de noviembre de ese año.