Los principales indicadores económicos muestran un sector agroalimentario agitado en 2020 por la crisis del coronavirus que, no obstante, ha podido aguantar el tipo al tratarse de una actividad esencial que ha seguido vendiendo fuera de España. A los altibajos del PIB y de empleo registrados durante el año se han unido un aumento de la renta agraria, una ligera caída de la facturación en la industria alimentaria y un incremento de los precios de la alimentación.

El PIB relativo a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca llevaba una senda alcista desde el segundo trimestre de 2019, pero tras subir el 1,4 % en el primer trimestre de 2020 respecto al anterior y el 3,4 % en el segundo, bajó el 1,2 % en el tercero. En tasa anual, los crecimientos fueron del 4,2 % entre enero y marzo, del 15,9 % entre abril y junio, y del 2,7 % entre julio y septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre había 731.100 personas trabajando en agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, y se mantenía un 3,8 % de la población activa. El número de parados en este sector bajó el 10,69 % en el primer trimestre en comparación con el anterior, subió el 2,33 % en el segundo y se incrementó el 23,59 % en el tercero, hasta sumar 207.800 desempleados totales.

Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura muestran que la renta agraria en España se ha incrementado el 4,3 % en 2020, evolución positiva asociada a los aumentos del valor de la producción vegetal y ganadera, en la que destaca la exportación de porcino. Sin embargo, organizaciones agrarias como ASAJA consideran que esos cálculos no reflejan la «realidad del campo» tras un año marcado por la crisis económica, que ha impactado especialmente en determinados sectores como el ovino, caprino, vacuno y vino, cuyo consumo está más ligado a la hostelería.