Una de las reformas estructurales que España debe llevar a cabo dentro de los compromisos asumidos con la Comisión Europea para recibir los Fondos Comunitarios de los que dependemos para salir de la crisis actual, es la reforma del sistema público de pensiones. El aumento de la esperanza de vida hace prever que en 2050 habrá en España casi 90 pensionistas por cada 100 trabajadores, lo que hace suponer que el sistema actual es insostenible. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha hecho publico esta semana y que se debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril, incluye ligar la cuantía de la prestación al aumento de la esperanza de vida, lo que implica reducir la prestación a medida que aumenta la expectativa vital de los próximos pensionistas. 
Asumir que la edad de jubilación se acabará fijando en los 70 años en no mucho tiempo (así lo indica el Círculo de Empresarios) y que deberemos dar por sentado que se recortará e importe de las pensiones, sobre todo en sus tramos más altos, es ya casi una realidad. Pensemos, además, que la robotización de muchos sistemas de producción implicará que habrá que debatir sistemas de aportación al fondo de pensiones para poder hacer frente al pago de estas. Igualmente, el sistema deberá cambiar en el tratamiento de las prejubilaciones e incluso habrá que ver como se trata la edad máxima de jubilación, dejando abierta la puerta para poderse mantener activo muy por encima de la edad fijada actualmente. 
En fin, que aquí tendremos que dilucidar otro asunto en el que se deberán poner de acuerdo los grupos parlamentarios. Un cambio de modelo en que están condenados a llegar a acuerdos por la cuenta que a todos nos tiene. Comparar la productividad que aporta, según en que sector se considere, un trabajador de 72 años en la actualidad, con uno de 65 de finales de los años 80 del pasado siglo, demuestra que no tiene sentido mantener los 65 años como edad de referencia para jubilarse. ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo para resolver este asunto?