Han pasado más de tres meses desde que, con gran alborozo, se ponía la primera vacuna contra el Covid a una señora de Guadalajara, mientras se difundían imágenes de grandes cajas repletas de vacunas con el sello del Gobierno de España. Desde entonces, me temo que la gestión del proceso de vacunación ha estado llena de despropósitos, retrasos y criterios ilógicos, absurdos o injustos, hasta que, 24 horas después del anuncio del nuevo calendario que permitiría vacunar al 70% de los españoles antes de la finalización del verano, Sanidad vuelve a cambiar una vez más el criterio sobre Astrazeneca, recomendando ahora su aplicación solamente a personas comprendidas en la franja entre 60 y 65 años.  Muchos factores (y no pocas instituciones) tienen que ver con esta gestión errática y bastante caótica, pero ello no ha de servir de excusa a ninguna de ellas, y menos a quien asume la competencia en ‘Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad’. Para empezar, los titubeos y dudas sobre Astrazeneca podrían entenderse en el contexto del comprensible propósito por disponer lo antes posible del mayor número de vacunas, pero creo que nada de eso justifica la actuación precipitada, ni la falta de información. Si realmente, como ahora parece cada vez más claro, hay una relación entre esta vacuna y algunos casos de trombos, pero el porcentaje de estos es tan sumamente bajo que globalmente son preferibles sus notorios beneficios que esos riesgos más o menos remotos, no solo hay que informar con claridad de ello a la población, sino incluir datos concretos fiables en un consentimiento informado que individualmente debería conocer cada persona que acceda a ponerse esa vacuna.
En cuanto a los criterios de prioridad, me parece que se parte de un documento razonable pero no exento de lagunas, y que sobre todo no se está llevando a la práctica en los términos concebidos. Se supone que las personas de más de 80 años son prioritarias, y más si son dependientes, pero sé perfectamente que no se ha completado la vacunación de este colectivo cuando ya se avanza en otros. La siguiente prioridad del grupo de 55 a 65 años deja en una especie de limbo al importante grupo de personas entre 65 y 80 años. Por colectivos, y solo por mencionar un ejemplo que también conozco bien, nadie ha dado una razón mínimamente convincente de por qué razón no se incluyen los docentes universitarios en el colectivo de docentes… En fin, un proceso caótico en un contexto de carencia de recursos, que parece muy difícil enderezar.