El Real Decreto ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las Entidades Locales, viene a completar las medidas que, en materia sanitaria y económica, se venían tomando por la Administración General del Estado desde el inicio de la crisis del Covid-19, y que tienen su mejor expresión en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
Este Real Decreto Ley supone no solo el reconocimiento del papel fundamental que las Entidades Locales han jugado y siguen conservando en esta crisis; manteniéndose cercanas a la ciudadanía, y en muchos casos suponiendo su mejor, cuando no el único, apoyo en situaciones extremas de necesidad. Abre también camino a lo que durante décadas se ha venido reclamando por los Ayuntamientos, una mayor autonomía y una reforma razonada y razonable de sus competencias y forma de financiarlas y asumirlas.
Ya el Real Decreto Ley 8/2020, en un marco similar al correspondiente en años anteriores para las Inversiones Financieramente Sostenibles, movilizaba 300 millones de euros de su superávit de 2019, con destino a las necesidades más perentorias de colectivos sociales y a inversiones en vehículos de bajas emisiones y de seguridad y protección pública.
Con la publicación de esta nueva normativa, fruto del acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de España, se han venido a ampliar las posibilidades a disposición de los Consistorios, con el objeto de dar una mejor respuesta a la pandemia y un mejor servicio a sus ciudadanos.
Aunque la mayor parte de los titulares de los últimos días habla fundamentalmente de los remanentes de los Ayuntamientos, que se ponen, no olvidemos, a disposición de los ciudadanos, no de la administración del Estado, conviene recordar también que el Real Decreto Ley 27/2020, recoge algunas cosas más:
Prorroga la finalización de las inversiones financieramente sostenibles que se encuentren ejecutándose, y que por efectos del covid-19 se hayan tenido que paralizar.
Autoriza una partida extraordinaria para el apoyo a los servicios de transporte público de titularidad de Entidades Locales con hasta 400 millones de euros para hacer frente al déficit extraordinario motivado por el covid-19.
Apoya a los Ayuntamientos con problemas de liquidez o de financiación a través de las Diputaciones Provinciales y mecanismos de reajuste de la deuda.
Revisa las condiciones financieras de los préstamos en vigor de los Ayuntamientos.
Incrementa las partidas para atender las entregas a cuenta de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado correspondiente a 2020.
Excepciona la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales durante 2020.
Incrementa la participación local en la ejecución de fondos europeos.
Y además, por supuesto, habla también del uso por parte de los Ayuntamientos y las Corporaciones Locales de los remanentes que han ido acumulando desde 2012, debido a que no se les ha permitido gastar por encima del techo de gasto y mantener al mismo tiempo la estabilidad presupuestaria. En este punto antes de aclarar lo que sí dice, voy a citar lo que no dice y se ha dicho que dice.
No supone una incautación, es un préstamo que se retribuirá a un tipo de interés fijo correspondiente con el tipo de cotización de la Deuda del Estado en plazo equivalente. No se queda la administración con el dinero de los ciudadanos, lo devuelve de forma íntegra. Sería como decir que todos los que tenemos una hipoteca, no hubiéramos pedido un préstamo al banco, sino que hemos incautado sus beneficios.
Además, la Administración General del Estado se compromete a incrementar lo prestado por los Ayuntamientos con un ingreso no financiero de hasta 5 000 millones de euros en 2020 y 2021.
No será igual para todos los Ayuntamientos, cada uno puede presentar su propio proyecto ajustado a las necesidades de sus propios ciudadanos.
En conclusión, se trata de todo un abanico de medidas que reconoce, por primera vez, la labor de los municipios y sienta las bases de lo que en el futuro será su participación en la financiación general del Reino de España, que no olvidemos debe mantenerse única y solidaria. No es mala cosa si podemos poner los esfuerzos en común, para, sin perder autonomía ni recursos particulares, ser capaces de arrimar el hombro cuando más se nos necesita. Mantengamos la coherencia, y usemos los remanentes que llevamos tanto tiempo pidiendo ahora que los necesitamos y que se nos permite hacerlo.
Pero no neguemos a los ciudadanos unos recursos que, en plazos razonables, se pueden poner a disposición de todos los que los necesitan. Algunos partidos en el Ayuntamiento deberán explicar a las vecinas y vecinos de Toledo su oposición a realizar las infraestructuras que la ciudad necesita o mejorar los servicios que prestamos, sobre todo a los colectivos que peor lo están pasando en esta crisis. ¿Cómo justificaríamos no poner en marcha un plan a medio plazo para diversificar la economía de Toledo y que no dependa tanto del turismo? No necesitamos todo el presupuesto ahora y ya, lo necesitamos en los próximos años. ¿Qué responderíamos cuando nos pregunten por qué no hemos incrementado ayudas a empresas afectadas por la crisis, al no estar de acuerdo con los 5 000 millones de euros adicionales ofrecidos por el gobierno central? Que si alguna vez se nos critique sea por hacer cosas, no por oponernos a todo y a todos hasta la inacción total.