En agosto se cumplirán ya nueve años de la aprobación de la 'Ley de la Cadena Alimentaria' que vino a clarificar y sobre todo a prohibir las negociaciones comerciales reguladas por un apretón de manos o por un acuerdo verbal. La ausencia de contratos y de plazos de pago provocaban situaciones abusivas en la fijación de un precio o de la propia liquidación que asfixiaban solo al más débil de cualquier sector atomizado y desorganizado.
Sin haber llegado aún a la primera década, ya ha sufrido dos reformas profundas, cosa normal por la gran novedad que supuso. Los últimos cambios necesitaban acotar ciertos supuestos, definir mejor algunas prácticas desleales y desenredar nudos de interpretación jurídica que seguían siendo subterfugios de algunas perezosas firmas de distribución a la hora de asumir el nuevo marco de relaciones.
Sin ser perfecta, la ley logró desde el principio el reconocimiento de la propia Unión Europea como base de lo que aún no ha querido reglamentar para todos los Estados Miembros a pesar de haberlo prometido el actual comisario de Agricultura.
Y como consecuencia de las tractoradas de los 'Agricultores al Límite', ha quedado prohibida la 'venta a pérdidas' incluyéndose varios artículos que sancionan la destrucción del valor porque -recuerda explícitamente la norma- «este se construye de abajo a arriba» y no al revés.
Si miramos atrás, habría que recordar que el caldo de cultivo de esta Ley fue la falta de entendimiento en el sector lácteo que desembocó después en la creación de una interprofesional y una mesa ministerial permanente de trabajo para buscar soluciones. Aquel primer 'paquete lácteo' supuso revisar la manera de entender las entregas y las compras que quedaron sujetas a un modelo de contrato homologado, duradero, que vendría a dar supuestamente seguridad a un segmento que perdía activos a diario por falta de rentabilidad. Habían desaparecido las cuotas lecheras que sujetaban la producción y el mercado se liberalizó.
El Real Decreto en el que después se han recogido todos los avances acaba de actualizarse esta última semana para añadir un supuesto que permita al ganadero exigir un precio nuevo cuando pueda demostrar que lleva tres meses continuados en pérdidas, que no se cubren sus costes porque estos han subido, siempre que lo firmado tenga una duración mínima de seis meses o superior.
Asimismo, se han rebajado algunos requisitos para constituir una organización de productores de leche desde la que cada uno blinde su posición al agrupar su oferta con los demás.
Las 'opas' (organizaciones profesionales agrarias) consideran que la nueva disposición es un paso de gigante, aunque queda ver su aplicación práctica. Tienen fe sin embargo en que el nuevo RD emplaza a utilizar como referencias de costes mínimos, cualquier estudio o informe oficial del Ministerio o de la comunidad autónoma que, en el caso de Castilla -La Mancha, acaba de arrojar el recién creado Observatorio de Precios de los Alimentos.
Pero, ¿y si surgen tentaciones de querer fraccionar los contratos para salirse de esa condición?
Las partes deberían buscar y comulgar en el acuerdo y huir de la confrontación. Al fin y al cabo, después del camino recorrido, son los proveedores que hacen posible el milagro en el lineal, y los consumidores, los que estamos pagando la inflación sin rechistar.