Comienza un curso académico y también un curso político en el que está previsto el debate en las Cortes Generales del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Se habla de un sistema universitario homogéneo aunque tal como está planteada ahora mismo puede generar una desestructuración del mismo; en todo caso, actualmente las universidades españolas conforman un modelo que, según resulta de los criticados y mejorables rankings internacionales, señaladamente el más conocido, el llamado de Shanghái, está integrado mayoritariamente por instituciones universitarias de una alta calidad, si bien no de excelencia, pues el 80% de las universidades públicas aparecen en la clasificación de las 1.000 mejores universidades del mundo.
El sistema universitario español es, pues, un sistema equitativo que posibilita que la mayoría de los estudiantes de nuestro país pueda acceder a una buena formación, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, cuyas mejores universidades copan los primeros puestos en esas clasificaciones. Sin embargo, en el país norteamericano existe una gran desigualdad de Centros que dan lugar, en realidad, a diversos sistemas educativos, desde los elitistas de la Ivy League, como Harvard, cuyo presupuesto alcanza los 39.000 millones de dólares y que filtran a sus futuros estudiantes no solo por criterio del precio sino por el del origen social así como otras instituciones  que gozan de un prestigio similar, como Stanford; después vendrían las universidades privadas de gran renombre como Georgetown; a continuación universidades públicas de primer nivel y  las públicas de segundo nivel; a continuación, una multitud de instituciones de diverso tipo y de baja calidad. Una primera consecuencia de este mercado tan abierto es una consolidación de la segregación social que genera el sistema en cuanto que la pertenencia a una determinada clase social económica y culturalmente condiciona las posibilidades, no solo dinerarias de acceder a las mejores instituciones educativas. Las matrículas en las universidades norteamericanas es cara:  en las de la Ivy League superan los 50.000 euros, que sumados a otros gastos como alojamiento, seguro médico, etc. suponen un coste de más de 80.000 dólares a los estudiantes; en las universidades públicas de calidad, la matrícula cuesta en torno a 20.000 euros y una cantidad considerablemente mayor, próxima a los 40.000, si no eres del Estado de la universidad.
Para hacer frente a los elevados precios, los estudiantes recurren a préstamos privados o públicos. Se calcula que el 45% de los titulados universitarios tiene una deuda superior a 20.000 dólares y que, en total, están endeudados más de 42 millones de personas con una media de unos 35.000 dólares Por eso, el presidente Biden ha anunciado un plan para condonar parcialmente la deuda federal estudiantil, cuyo monto global es superior al PIB de España.
Ciertamente, los rankings de universidades, tanto los de carácter global como los nacionales, no está exentos de críticas hasta por aquellas que ocupan los primeros puestos, como ha hecho Cristopher L. Eisgruber, presidente de la universidad de Stanford pero no puede desconocerse que, con sus defectos y limitaciones, facilitan información relevante sobre las instituciones analizadas y, además, cada vez más estudiantes y sus familias se fijan en la posición que ocupa cada universidad para tomar sus decisiones acerca de dónde formarse así como se valora esa posición por  las propias entidades y sus profesores e investigadores para priorizar las relaciones de cooperación internacional  docente e investigadora.
Por ello, y aunque debemos aspirar a seguir mejorando, podemos sentirnos satisfechos de la posición que la mayoría de las universidades públicas españolas ocupa en los rankings mundiales, como sucede con la UCLM que desde el año 2017 aparece en los cuatro principales, incluido el de Shanghái.