El pasado 14 de marzo se cumplía un año desde la declaración del primer estado de alarma motivado por esta pandemia, que en esa fecha ya se extendía de forma imparable en nuestro país y en el mundo. Desde entonces, más de 100.000 muertos en España, según el INE, constituyen ya de por sí una trágica cifra que, en un mismo año, creo que no había sido alcanzada antes por una única causa desde la guerra civil. El mundo entero ha entristecido por los efectos de este virus. Y es verdad que, en mayor o menor medida, todos los países se han visto afectados y, desde luego, ningún Gobierno podría haber parado o minimizado la expansión de la pandemia. Pero sería injusto utilizar este argumento para tapar las muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, la inadecuada gestión de tantos aspectos de la pandemia, e incluso, ya en el ámbito más jurídico, la inexplicable inacción en ámbitos que estaban claramente necesitados de una mejor regulación, como la legislación electoral, la regulación legal de los estados excepcionales, o la propia legislación sanitaria, cuyas carencias se apuntaron ya desde los primeros meses de la pandemia. Por lo demás, basta recordar la inexplicable autorización de numerosos eventos multitudinarios en una fecha tan avanzada como el 8 de marzo de 2020; la falta de previsión oceánica de quienes calcularon que no tendríamos «más allá de algunos casos». O las titubeantes explicaciones sobre las mascarillas, que pasaron de no resultar recomendables, a considerarse obligatorias en cualquier lugar. Hemos tenido, sobre todo en el primer estado de alarma, algunas de las medidas más restrictivas del mundo, pero nuestras estadísticas nunca han sido buenas. Claro que hay personas que incumplen las normas, pero, por un lado, me niego a creer que sean una mayoría, y por otro, eso no habla muy bien de unos poderes públicos incapaces de convencer de lo que es necesario y, si es preciso, imponerlo.
En el ámbito más jurídico-político, la excepción parece haberse convertido en normalidad. Desde aquel 14 de marzo, más de la mitad de los días hemos estado bajo distintos estados de alarma. Pasamos de la centralización y las prórrogas quincenales, a este último estado de alarma de seis meses casi sin control, en que se centraliza para delegar poderes en las Comunidades Autónomas, y finalmente, se tratan de eliminar las diferencias  a través de una Conferencia Interterritorial que emana por ‘consenso’ normas que no se publican y nadie sabe qué posición ocupan en el ordenamiento jurídico… En fin, solo nos quedan la paciencia y la esperanza.