La sectorial vitivinícola de la agrupación de cooperativas de Castilla -La Mancha ha movido ficha como intentando escapar de un mar de fondo tan revuelto por el debate de los precios de la uva. En realidad, no pueden ni deben quedar varadas ante la opinión del propio socio que se rebela ante las tablillas y se agita por algunas liquidaciones, sin recurrir al menos a los mecanismos que le ofrece la normativa comunitaria para intentar ordenar la nueva cosecha que, insisten desde aquí, rozará los 26 millones de hectolitros de vino y mosto.
Son realistas y no esconden que estamos hablando de una campaña lo suficientemente alta mientras siga condicionada por la crisis del coronavirus. Porque incluso si se cumplieran las expectativas más bajas de cosecha que han realizado otras entidades que calculan 22 millones, también habría algo que hacer.
En un comunicado lanzado el viernes a la hora de comer, desvelaron que hay consenso para reclamar a la administración una autorización expresa y poder escenificar una especie de ‘toque de queda’ (autorregulación) para elaborar «un volumen importante de mosto en la presente vendimia, fundamentalmente de la variedad blanca airén, a partir del 25 por ciento de la entrada de uva de esta campaña». De salir adelante la propuesta -que activarían como dice el artículo 222 de la OCM Única-, podrían destinarse a este fin hasta 6 millones de hectolitros.
La medida -que nace de la voluntad de estabilizar comercialmente las nuevas elaboraciones- también incluiría la necesidad de «retirar del mercado la mitad de dicho volumen, bien sea en forma de mosto o de vino de cualquier categoría, mediante almacenamiento privado en las instalaciones propias hasta el próximo mes de abril». Así lo refleja el propio comunicado haciendo innecesario, -sugiere también-, el tener que elevar las ‘prestaciones vínicas’ al 15% como se ha planteado ante el Ministerio de Agricultura.
A lo largo de la semana iremos viendo cómo respira el sector, y si este amago por descomprimir el canal de ventas, surte efecto y da alas a unos precios preocupantemente bajos para la materia prima que mayoritariamente procesan las empresas de los propios agricultores, y para la que los grandes operadores no han vuelto a hacer ningún guiño desde que remitió la marejada de Valdepeñas. El Ministerio de Agricultura insiste en que el debate de los costes, «va con todo el mundo, también con las cooperativas». Costes que todas las partes asumen públicamente que hay que cubrir, pero que nadie parece encontrar la fórmula a definir. Ni siquiera una Interprofesional del Vino de España (OIVE) con industriales y productores sentados en la misma mesa que sufre su primera gran crisis interna por este asunto, ante la discrepancia suscitada en las últimas reuniones de su Junta Directiva donde ha habido graves enganchones entre algunos representantes de los propios productores que se habrían acusado de querer soplar y sorber a la vez.