Seguimos reflexionando sobre la necesidad que tenemos de adelgazar al Estado, como exigencia ineludible de los ciudadanos y como principio del humanismo cristiano.
Hubo quien creyó que la globalización, la caída del comunismo y la disolución de la URSS, el ‘fin de la historia’ que predijo Francis Fukuyama y el capitalismo global, podrían detener el avance en la expansión del Estado. Fue la época en que el Presidente americano Clinton y otros líderes, declararon el fin del ‘big goverment’; en la que se consideraba que la mitad de las economías mundiales eran empresas multinacionales; y en la que la política industrial consistía en imponer acciones de oro en las empresas privadas. Pero no ocurrió así. En USA el gasto del Estado pasó del 37% del PIB en el año 2000, al 44% en el año 2007; y en el Reino Unido alcanzó el 51% en 2010.
El capitalismo de Estado había regresado, si es que alguna vez se había ido. Ni siquiera las privatizaciones a gran escala, como sucedió en España, resolvió el problema. En nuestro país la situación es paradójica. Cuando se estableció el Estado de las Autonomía en la Constitución de 1978, y se aprobaron los diversos Estatutos de Autonomía, se produjo una ingente transferencia de competencias del Estado a esas Autonomías. Ello significaba que al reducirse de manera drástica las competencias del Estado, debería también reducirse, en igual medida, su dimensión. Pues bien, ha ocurrido todo lo contrario. El Estado central sigue creciendo más y más, a lo que hay que añadir el crecimiento de las administraciones de las Comunidades Autónomas, por lo que el porcentaje del gasto público ha alcanzado en 2020 el 52,73% del PIB. Dicho de otra manera, más de la mitad de nuestra riqueza se la gasta el Estado.
En ocasiones, el crecimiento del Gobierno responde a demandas de los ciudadanos. Así, frente a lo que era deseable, la globalización ha incrementado la dependencia del Estado, haciendo surgir derechos no contemplados anteriormente (por ejemplo, la renta básica) y la aparición de sociedades subsidiadas. El incremento de la longevidad, ya mencionada, aumenta el coste de las pensiones. La inseguridad en el empleo obliga al pago de subvenciones de paro. La amenaza del terrorismo provoca una mayor atención y dedicación a combatirlo. La creciente desigualdad trae consigo la necesidad de políticas de redistribución a través de los impuestos.
Hay quien sostiene que el crecimiento del Estado es imparable: una población más envejecida necesita atenciones sociales y servicios de salud a cargo del Estado, por no hablar del coste de las pensiones; una educación de más calidad exige más años de escolarización, o menor número de alumnos en las aulas, o actividades extraescolares más numerosas; un sistema de salud universal y ‘gratis total’ supone una atención económica prioritaria; la necesidad de modernas infraestructuras de transporte, tanto a nivel nacional como local, obligan a inversiones cuantiosas; etc. etc.
Otros, por el contrario, sostienen que es posible reducir la dimensión del Estado estableciendo núcleos de control presupuestario; introduciendo mayor competencia en el suministro de servicios; redefiniendo el gasto público, especialmente, con el reajuste de las transferencias sociales; introduciendo políticas de austeridad y ahorro; etc. etc. Pero para esto hay que querer.
Con frecuencia se piensa que las cuestiones que debe abordar el Estado son las de la sanidad, educación, pensiones, paro, infraestructuras. Y así es, pero el Estado aborda otra infinidad de competencias que son totalmente prescindibles. (Continuará).